(AFP) .-Puerto Rico dejó de pagar este lunes US$ 367 millones, augura un default mayor en julio y Washington advirtió que ese estado libre asociado a Estados Unidos está expuesto a una cascada de litigios.

“Me tocó elegir y elegí defender los servicios de la gente y atender el tema de la crisis fiscal de una vez y por todas”, indicó el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla en una rueda de prensa.

Con una deuda pública que ronda los US$ 70,000 millones y la liquidez del BGF, su banco central, en apenas US$ 562 millones, Puerto Rico se encuentra prácticamente insolvente.

Por ser un estado libre asociado y no un estado de la unión, Puerto Rico fue excluido en 1984 del capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, lo que implica que no tiene autonomía para reestructurar su deuda.

En Washington, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, envió una carta al presidente de la cámara de Representantes, Paul Ryan, en la que alertó que “sin un marco ordenado de quiebras, Puerto Rico enfrentará una cascada de defaults. Litigios -que ya están en marcha- se intensificarán”.

“A menos que el Congreso adopte una legislación sobre reestructuración (…), un rescate apoyado en los contribuyentes podrá ser el único curso legislativo disponible para enfrentar una crisis creciente”, dijo Lew.

Un default mayor
Cumplido el domingo plazo de vencimiento de notas emitidas por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) por US$ 422 millones, Puerto Rico incurrió en un default: dejó de pagar US$ 367 millones a bonistas agrupados en el llamado Grupo Ad Hoc.

Otros 22 millones corresponden a intereses que están siendo negociados y 33 millones están relacionados a cooperativas locales que fueron objeto de un acuerdo por separado.

García Padilla anticipó que el próximo 1 de julio, la isla puede incurrir en un impago mayor, de cerca de US$ 2.000 millones de dólares, de los cuales 774 millones corresponden a obligaciones generales, garantizadas por la constitución.

“No se anticipa que tengamos el dinero” para pagar, advirtió.

García Padilla confirmó que se logró una negociación por los US$ 33 millones de las cooperativas puertorriqueñas mediante una nueva transacción que evitó el impago.

Al no pagar los US$ 367 millones restantes, Puerto Rico se enfrentará a litigios de cuyas consecuencias. “Tenemos que preocuparnos, ya que vamos a caer en manos de jueces federales y locales que podrían embargar las cuentas públicas”, dijo.

Añadió que prosiguen las negociaciones con acreedores del Grupo Ad Hoc por US$ 120 millones.

El Capitolio “debe actuar”

García Padilla reclamó nuevamente al Congreso de Estados Unidos, controlado por el opositor partido Republicano, que establezca un mecanismo que permita a este estado libre asociado a solucionar su crisis fiscal y económica.

“El Congreso tiene que actuar, si no lo hace quedamos a merced de una negociación voluntaria”, subrayó.

Solicitó al Congreso permitir un proceso de reestructuración de la deuda que funcione, “no plagado de defectos a propósito”, o de lo contrario esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes tendrá que embarcarse en un proceso con los acreedores que acepten negociar de manera voluntaria.

“Nuestro principal enemigo es la politiquería en Puerto Rico y en Estados Unidos; tenemos que ser fuertes ante la crisis y el país va a salir adelante, es cuestión de tiempo”, dijo.

“Hemos honrado ser ciudadanos de Estados Unidos con sangre (participando en sus guerras); no nos merecemos esto, pero nos insultan expresiones de congresistas (estadounidenses) que dicen que nos metimos solos de este lío”, lamentó García Padilla.

En tanto, el senador demócrata Bob Menéndez dijo que en partido Republicano están “contentos con ver a la isla en llamas”.

Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este lunes esperar que el Congreso comprenda la “urgencia” de hallar una salida a la situación, ya que la “situación se torna peor a cada día”.

Responder a las demandas
Uno de los grandes temores de Puerto Rico es que se produzca una avalancha de demandas que desvíe los pocos recursos con que cuenta el gobierno de la isla en representación legal.

Pero el ministro de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reveló que se encuentran listos para enfrentar cualquier demanda que surja ante el impago.

La crisis en Puerto Rico comenzó cuando en 2006 finalizó un sistema de exoneración fiscal para empresas norteamericanas instaladas en la isla, lo que provocó una caída de la actividad económica, ante lo cual sucesivos gobiernos emitieron deuda para cubrir el creciente déficit.