Liliana Ruiz, presidenta de Alterna Perú, advirtió que el proyecto de norma de Osiptel respecto a los cargos tope de interconexión no sigue la mejor regulación, que recién se comenzaría a aplicar el 2018.

El regulador anota en su Exposición de Motivos que se pueden aplicar cargos diferenciados por plazos acotados porque de otra manera si estos plazos se exceden se producirán ineficiencias; no obstante, propone un valor más bajo para Telefónica y América Móvil y un valor más alto para Entel y Viettel.

“El cargo de interconexión es un peaje que se paga entre operadores cuando la llamada pasa de una red a otra. Con su intervención, el regulador determina un tope al valor que un operador móvil puede cobrar por un minuto de llamada que termina en su red, aplicable desde abril 2015 hasta diciembre 2017”, explicó Ruiz.

Mientras que en muchos países este valor es único, es decir el mismo para cualquier operador móvil compitiendo en el mercado, en el Perú se ha diferenciado el valor correspondiente a cada operador desde la intervención regulatoria en noviembre 2005.

Panorama
Liliana Ruiz señaló que el Perú no debe eximirse de aplicar las mejores políticas regulatorias cuanto antes, si la mejor regla es un solo valor para todos los operadores. “La mejor forma de analizar esto es estudiando las relaciones bidireccionales entre un par de operadores: La diferenciación de cargos beneficia directamente al operador móvil que ostenta el cargo de terminación más alto en cada relación de interconexión bidireccional con otra red móvil, es decir al operador que cobra por el tráfico que se termina en su red un valor por minuto terminado mayor al que cobra el otro operador”, añadió.

Y estimó que la diferenciación de cargos al debilitar al operador más chico puede empeorar su situación de exportador neto, lo que significa que las ayudas financieras de corto plazo, vía cargos distintos, pueden ser fácilmente rebasadas por situaciones de mayor exportación de tráfico.

Aún en un posible entorno de gradualidad para los siguientes años, contemplada en el proyecto de norma, la mejor política regulatoria debe empezar a aplicarse. Según la especialista, si se adopta gradualidad solo para dos operadores, se desincentiva a los otros dos a continuar invirtiendo en sus infraestructuras de red, contradiciendo otro pilar que la regulación no debe soslayar que es el despliegue de redes modernas de última generación.