Solicitar una línea telefónica fija demora, en el peor de los escenarios, 24 horas, y si lo que se requiere es un teléfono móvil, el proceso se realiza prácticamente en minutos. En ambos casos, la persona no tiene que presentar más que el documento nacional de identidad.

Hace 25 años el proceso para adquirir un teléfono era literalmente kafkiano. En promedio una familia se tardaba un año desde que presentaba la solicitud para adquirir el codiciado aparato hasta el momento en que por fin se podía efectuar una llamada.

En medio del proceso, había una decena de oficinas donde se tenían que efectuar largas colas para que un funcionario de la, en ese entonces, empresa estatal de telefonía, tenga a bien atendernos y probablemente si éramos afortunados, sugerirnos una “ayudita” para acelerar el trámite para que otro diligente colega evalúe nuestro requerimiento.

El escritor Franz Kafka probablemente hubiese perdido la cordura de haber necesitado un teléfono en la Lima de principios de los años noventa ante un proceso, incluso, más absurdo que el suyo. Pero 25 años después es más que evidente los resultados que dejó en el sector de telefonía una reforma del Estado que, sin embargo, quedó trunca.

El inicio de la reforma
Era claro en el año 90 que el aparato estatal estaba colapsado. El Estado era dueño de más de 100 empresas públicas, incluido un cine, y la ineficiencia y corrupción reinaban en cada una de ellas, sin mencionar el centenar de entidades gubernamentales. Pero la prioridad en ese momento era ajustar la economía.

A principios del año 91 el temido shock económico ya se había producido y la resaca del ajuste de precios comenzaba a sentirse cada vez menos en el bolsillo de los peruanos. La inflación empezó a ceder y la economía mostraba los primeros signos de recuperación. Era el escenario perfecto para emprender la reforma del Estado.

Carlos Boloña, el ministro de Economía de ese entonces, fue el encargado de dirigir el barco de la reforma que debía comprender tres aspectos claves: privatizar las empresas en control del Estado, una nueva estructura de las entidades públicas y profesionalizar el capital humano.

César Peñaranda, quien presidió el gabinete de asesores del Ministerio de Economía entre 1991 y 1992, recuerda que en marzo de ese año se empezó con mucha fuerza todo el proceso de privatización y concesiones en un momento que urgía reducir el enorme déficit fiscal que generaban este centenar de empresas en manos del Estado, entre ellas, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel-Perú).

“Para poder estabilizar la economía y garantizar que no iba a haber déficit fiscal era imprescindible cortar los déficits que venían de las empresas porque se manejaban de manera no técnica, por eso se empezó con las privatizaciones y concesiones”, explicó.

El proceso tuvo muchas resistencias de parte de diversos sectores, pero finalmente se logró y al cabo de un tiempo el Estado solo era dueño de cuatro empresas públicas, consideradas estratégicas. Pero la reforma no estaba completa, aún faltaban dos aspectos cruciales.

Al tiempo que se daba la privatización, se intentó reestructurar la maraña de entidades públicas que se habían creado y aunque se avanzó con la eliminación de algunas, intereses de carácter político comenzaron a chocar con la necesidad de una estructura burocrática más eficiente.

Los problemas políticos que enfrentó el gobierno de Alberto Fujimori en los siguientes años detuvieron ya cualquier intento de reforma del Estado y recién en el 2005 el presidente Alejandro Toledo buscó retomarla bajo el proceso de descentralización que transfirió funciones y dotó de mayores recursos a los gobiernos subnacionales.

Pero el problema de estructura organizativa y capital humano siguió latente. Recién en el 2008 nace la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que justamente busca modernizar la función pública con un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia.

Ya han pasado casi siete años desde su creación y todavía ningún servidor público es contratado bajo este régimen. Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, sostiene que es un proceso lento y que las entidades todavía deben adecuar sus procedimientos para implementar este nuevo esquema laboral.

“Esto es una transición, gran parte de las instituciones hace 25 años se preocupaban por lo que uno realizaba hacia adentro y no se preocupaban en cómo atender al ciudadano. Hoy diríamos que muchas instituciones tienen ese nuevo chip y tratan de mejorar su atención, de tener menos trámites y de simplificar el tema”, comenta.

Si bien el proceso de reforma aún es lento, el nuevo régimen del servicio civil sienta las bases para alcanzar un aparato estatal más simple y eficiente, pero la pregunta es si la voluntad política acompañará estos esfuerzos técnicos en los siguientes años o si la llamada seguirá en espera.

El nuevo régimen de servicio civil sienta las bases para alcanzar un aparato estatal más simple y eficiente.