(AFP) La Cámara de Representantes tomó una importante medida para eliminar regulaciones bancarias que fueron adoptadas luego de la crisis financiera del 2008, que según los críticos imponen muchas restricciones en los préstamos.

La cámara baja, controlada por los republicanos, aprobó la “Financial Choice Act” por una contundente mayoría de 233 a 186. El proyecto de ley eliminaría muchas de las provisiones de la Ley Dodd-Frank que ajustó la reglamentación sobre los bancos, en un esfuerzo por evitar otras crisis financieras.

El proyecto debe ser aprobado por el Senado, en lo que constituye más que un desafío, ya que requerirá que algunos demócratas se unan a la mayoría republicana, mientras que en la cámara baja la votación siguió las líneas partidarias.

La flexibilización de la reglamentación bancaria y los resguardos impuestos por la ley Dodd-Frank como consecuencia de la crisis provocada por los préstamos hipotecarios de alto riesgo (“subprimes”) es una de las prioridades de la administración del presidente Donald Trump, que sostiene -contrariamente a lo que muestran las estadísticas- que esas reglas cuestan caras a los bancos y les impiden prestar.

La aprobación del proyecto se produce cuando el departamento del Tesoro se apresta a presentar un informe con lineamientos para flexibilizar las regulaciones financieras.

El nuevo texto busca reducir las exigencias de capitales propios y liquidez de algunas instituciones, como los bancos regionales.

También se propone reducir el poder de la Oficina de protección financiera de los consumidores (CFPB, por su sigla en inglés), una instancia creada después de la crisis para proteger a los consumidores.

En un comunicado, la Asociación de bancos (ABA) se congratula por la aprobación del proyecto “como una importante etapa hacia una reforma de la reglamentación muy esperada que permitirá a los bancos servir mejor a sus clientes y a sus comunidades”.

La ley Dodd-Frank, trabajosamente aprobada luego de la crisis, impone principalmente reservas de fondos propios a los grandes bancos, tests de resistencia anuales y procesos de preparación para una eventual quiebra (“testamentos”).

Esas reglas buscan evitar que se repita la catástrofe del 2008, cuando el Estado debió rescatar a grandes instituciones bancarias, llamadas “sistémicas” o “demasiado grandes para quebrar”.