En el Perú se vienen incubando once nuevos conflictos sociales, de los cuales la mayoría están vinculados a problemas de la población con los gobiernos locales, alertó la Defensoría del Pueblo.

La región con mayor cantidad de conflictos nuevos es Puno. Cuatro de los 11 se desarrollan en esta zona. En la provincia de Lampa la población rechaza la gestión del alcalde y solicita la intervención de la Contraloría y el cambio de funcionarios.

De la misma manera en Ilave, hay un rechazo al alcalde provincial de El Collao y piden la reducción de la tarifa de agua potable. Este mismo pedido lo tienen en la provincia de Puno, mientras que en Azángaro la población denuncia posibles actos de corrupción en la gestión del alcalde provincial.

En Lima se alerta de dos situaciones que podrían terminar como conflictos sociales. Ambos casos son por reclamos laborales, uno de ellos es el reclamo de la Federación Médica Peruana (FMP) que paralizó labores de hospitales en febrero y la otra es el pedido de las obstetras que piden el respeto a su Ley.

La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo muestra que sólo dos de los potenciales conflictos están relacionados a la minería. En Apurímac donde la comunidad de Ccahuapirhua reclama el encarecimiento del costo de vida por la operación de Las Bambas y en Pasco, región donde la Comunidad Campesina de Huayllay protestó por supuestos abusos laborales de la minera Chungar.

También figura en la lista un problema con entre comunidades por la ejecución de una línea de transmisión en Apurímac y en Áncash se presentan reclamos laborales a la compañía Minera Nueva California y rechazo a una ordenanza que formalizaría a los motocarros de Caraz.