Esta semana será clave para definir si en el marco de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo se logra fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para que pueda tener la facultad de solicitar a un juez el levantamiento del secreto bancario y tributario de las personas sospechosas de actividades ilícitas.

Analistas subrayan que la medida resulta necesaria pues así la UIF podrá investigar mejor a los cada vez mayores Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que ha venido recibiendo en los últimos años.

Así, según información oficial de la UIF, en los últimos cinco años el número de ROS se ha triplicado, pasando de 2,337 reportes en el 2010 hasta los 7,200 reportes el 2015.

La tendencia creciente se mantiene pues hasta julio de este año se reportan 4,874 ROS, lo cual hace prever que hacia el cierre del año se reportarían más ROS que en el 2015.

Asimismo, desde el 2007 hasta julio del 2016 se han reportado un total de 36, 186 ROS. De esta cifra, la mayor entrega de ROS corresponde a los bancos, con el 39% de los casos, seguido por las notarías con el 16% (ver cuadro).

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro se mostró a favor de la propuesta del Ejecutivo pues señala que ayudaría a la UIF a investigar mejor los ROS que recibe.

“Actualmente los bancos emiten un reporte de operaciones sospechosas pero una vez que llega a la UIF esta entidad no puede hacer el cruce de información. Por ejemplo, si el reporte lo envía el Banco de la Nación y la plata luego se transfiere al Scotiabank, la UIF no puede saber esa información”, indica.

“Si se otorga la medida propuesta en las facultades se podrá procesar mejor la información. Para que así sirva para abrir un caso”, subrayó Caro, experto en derecho penal económico.

Además, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos por la UIF desde enero de 2007 a julio de 2016 involucran un total de US$ 13,064 millones.

En cuanto al monto involucrado por delito precedente en los IIF, la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas (41%), seguido de minería ilegal (34%), delitos contra la administración pública (8%), delitos contra el orden financiero y monetario (3%), defraudación tributaria (3%), entre otros (ver cuadro).

¿Medida inconstitucional?
Caro explicó que actualmente la UIF solo puede solicitar el acceso al secreto bancario y tributario a un fiscal y solo dependerá del fiscal si solicita la medida a un juez.

Con la propuesta del Ejecutivo se facilida el levantamiento del secreto bancario y tributario pues la UIF podrá solicitarlo directamente a un juez.

“Al tener la orden del juez se cumple con el protocolo constitucional. La UIF prepara el expediente y lo plantea ante el juez, puede ganar o perder (con la solicitud). Entonces, la medida no resulta inconstitucional”, refirió.

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Asimismo, se cortarían los plazos para el acceso al secreto bancario y tributario.

“El juez puede levantar el secreto bancario en un día si tras revisar la solicitud se ve que hay fundamento”, anotó.

Actualmente el proceso con el paso previo de un fiscal puede tardar varios meses.