El gobierno publicó el pasado 05 de enero, dentro de las facultades otorgadas por el Congreso, el Decreto Legislativo 1319, que promueve el comercio responsable de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.

Aunque en términos generales es positivo, Alfredo Biasevich, presidente dela Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (
SNI) señala que la participación de la empresa privada habría permitido mejoras en el DL y hubiese eliminado los “vacíos” que ahora presenta.

“Es importante que para el desarrollo del
sector forestal que genera beneficios sociales, ambientales y económicos se alinien todas las instituciones vinculadas al sector para generar un manejo forestal sostenible para beneficios colaterales. Ahora vemos mejoras pero no hay un alineamiento”, refiere.

En tan sentido, detalla aquellos vacíos que han identificado:

1. No se ampliar la supervisión forestal antes de la extracción y durante la misma. Esto permitiría que se detecte con la debida anticipación alguna irregularidad antes y no solo post aprovechamiento forestal. Se podría detectar posibles irregularidades antes de que la madera llegue al mercado.

“Actualmente Osinfor inspecciona después del aprovechamiento. Este organismo de supervisión ha detectado que en numerosas oportunidades ha habido extracción ilegal de madera y han tenido una participación muy activa en la Mesa Técnica Forestal de Produce que ahora ha pasado al Minagri y ha perdido protagonismo”, agrega.

Según explica Biasevich, Osinfor coincidía con la SNI en que la supervisión de la extracción de madera debería realizarse antes y no después, pues con eso se garantizaría la existencia del recurso.

2. Revisión de la Guía de Transporte Forestal (GTF), que autoriza el transporte de madera de la zona de origen a los lugares de consumo, por ser fácilmente adulterable.
Si un privado emite una guía con información falsa y el funcionario la valida los dos estarían implicados en la comisión de un delito, que supone pena de cárcel efectiva, lo que disuade y ayuda a la identificación oportuna a la comisión de este tipo de delitos.

“Hasta hace un año y medio para poder transportar madera uno tenía que obtener una GTF que emitía un funcionario del gobierno regional. Ahora lo que nosotros proponemos es que haya una autoguía que sea visada por un funcionario y que haya responsabilidad de ambas partes y que de incurrirse en falta ambos tengan responsabilidad penal”, sostiene.

3. Otro requerimiento que hacen las empresas del sector forestal es que las autoridades regionales entreguen a las autoridades nacionales fiscalizadoras una copia de las solicitudes de los planes operativos anuales.

Este mecanismo permitiría fiscalizar (desde un inicio) si lo solicitado es coherente con la aptitud forestal de la zona y no se esté consignando información falsa.

“Es una buena medida que los gobiernos regionales estén obligados a proporcionar esa información a Osinfor y a
Serfor. Lo que nosotros decimos es que deberían enviarle a Osinfor las solicitudes presentadas -no solo aprobadas – para detectar si ese plan operativo anual para la extracción de mandara cumple o no con las exigencias mínimas. Eso es lo que nosotros planteamos”, resalta el presidente del Comité Forestal de la SNI.

4. Controles estratégicos de paso obligatorio a nivel nacional, para que funcionen las 24 horas. Nos preocupa que estos puestos estarán a cargo de las Autoridades Regionales, las mismas que no cuentan ni con personal técnico, ni recursos económicos.

Deforestación y tala
Finalmente Biasevich aclaró que las principales causas de deforestacion es el cambio de uso de tierra para la agricultura y ganadería. “Eventualmente la extracción de madera causa un efecto mínimo al bosque. Y habría que explicar que las concesiones otorgadas están en lo que se denomina como bosque de producción permanente”.