Por unanimidad, la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece que todo usuario de aguas subterráneas de Lima y Callao deberá contar con medidor de caudal, es decir que ya no se determinará el uso con una declaración jurada por parte del usuario.

Y los costos tanto de adquisición, instalación, contratación, reposición y mantenimiento bianual del medidor serán asumidos por el mismo usuario. Es altamente probable que esta iniciativa cuente con apoyo mayoritario del pleno del Congreso.

Esta propuesta del congresista Manuel Dammert, del Frente Amplio, plantea, entre otros puntos, que Sedapal tendrá la facultad de cerrar los pozos de extracción de agua subterránea cuyos propietarios no cuenten con autorización de uso de agua expedida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Inclusive, el dictamen refiere que Sedapal podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutarlo.

La norma además faculta a Sedapal a recuperar consumos de agua subterránea que no tengan la autorización de uso por parte de la ANA.

Este consumo a ser recuperado se aplicará con base en las mediciones de consumo encontrado o algún medio probatorio para su debida determinación, las cuales establecerá la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Problemática
El congresista Dammert sostuvo que estas medidas ayudarán a la preservación del recurso ante la ausencia de un control sobre el uso de las aguas subterráneas, lo cual daba pie a su uso indiscriminado.

Para tal fin, dispone el carácter obligatorio del uso de medidores, ya que la normativa vigente, según Dammert, no es rigurosa en la instalación de estos en las unidades de producción de todos los tipos de usuarios.

La falta de control hacía que se perdiera precisión en el cálculo del volumen extraído de aguas subterráneas, lo que a su vez afectaba el pago de las tarifas.

Solo en el periodo 2000 al 2015, Sedapal dejó de recaudar ingresos por aproximadamente S/ 85 millones, por tres motivos: resoluciones no puestas al cobro por pronunciamientos judiciales o del Tribunal Constitucional (S/ 40.6 millones), reclamos (S/ 35 millones) y morosidad (S/ 8.9 millones).