Seis empresas eléctricas denuncian que Gobierno favorece a una distribuidora

Enel, Statkraft, Duke Energy, Kallpa Generación, Fénix Power y Termochilca advirtieron que, de esta manera, el Gobierno ha puesto en riesgo más de US$ 5,000 millones de inversión privada en generación eléctrica y que empresas del Estado también perderían unos US$ 140 millones.

Seis empresas del sector eléctrico han denunciado públicamente el grave riesgo al que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha puesto a casi la totalidad de empresas de generación, públicas y privadas, pues “el Gobierno ha venido sistemáticamente favoreciendo a una empresa en particular, con consecuencias que podrían inclusive poner en riesgo el suministro de electricidad”.

Según refirieron las empresas Enel, Statkraft, Duke Energy, Kallpa Generación, Fénix Power y Termochilca, en los últimos años se ha venido produciendo una secuencia de episodios en los que la regulación y el marco jurídico se tuercen y acomodan a favor de una empresa distribuidora en particular, violando los principios de la competencia leal y la estabilidad de las reglas de juego.

Según revelaron, el primer episodio consistió en que el MEM permitió que la empresa distribuidora beneficiada se integre verticalmente, es decir, que se abastezca a sí misma de energía, creando por primera vez la figura de una distribuidora/generadora bajo la misma persona jurídica, cuando la ley lo prohíbe expresamente.

Esta situación, señalan, perjudica y discrimina abiertamente al conjunto de generadoras, incluyendo las estatales, que compiten bajo otras reglas de juego.

El segundo episodio, refieren las empresas, se produjo cuando el Gobierno archivó un proyecto de decreto legislativo, elaborado por el MEM al amparo de la reciente delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República, el mismo que recogía los aportes y el consenso entre el Gobierno y la mayor parte de los operadores del sector.

La norma contenía, entre otros temas, la limitación de cualquier futura integración vertical que dañara la competencia y eliminaba la posibilidad de que las distribuidoras adquieran energía en el mercado libre (spot) para evitar profundizar la distorsión de precios existente y la competencia desleal.

El proyecto, indican estas seis empresas, fue enviado al Consejo de Ministros para su aprobación, pero nunca se aprobó y fue archivado sin explicación alguna hasta el día de hoy.

El tercer episodio, aseguran, es la modificación, a través del Decreto Legislativo N° 1221, de un artículo de la Ley de Concesiones Eléctricas que obligaba a las empresas distribuidoras a tener contratos con las generadoras para cubrir sus requerimientos.

Este cambio, según las empresas, permite a la empresa integrada verticalmente abastecerse de energía desde su propia planta generadora sin que nadie le exija contrato alguno. Tal situación, señalan las empresas, es otro grave hecho de favoritismo, discriminación y competencia desleal.

Finalmente, el cuarto y último episodio, refieren las empresas, es que se prepara otra norma a su favor -sin justificación alguna y sin un análisis costo-beneficio serio- por la cual se permitirá a cualquier distribuidora aprovechar los muy bajos y distorsionados precios del mercado spot que no cubren los costos reales de producción de electricidad, reduciendo la compra de energía contratada a los generadores.

Advirtieron que ello pone en grave riesgo la solvencia financiera del conjunto de los operadores de generación, tanto privados como públicos, con lo cual se pone también en riesgo el suministro de electricidad a todos los peruanos.

Las empresas denunciantes han precisado que con esta secuencia de hechos se pone en riesgo más de US$ 5,000 millones de inversión privada en generación eléctrica producida en los últimos diez años, y se calculan pérdidas del orden de los US$ 140 millones para las generadoras estatales en los próximos cinco años.

Enel, Statkraft, Duke Energy, Kallpa Generación, Fénix Power y Termochilca aseguran que han exigido al MEM poner fin y revertir esta secuencia de actos administrativos y legislativos que están destruyendo los pilares sobre los cuales se construyó con tanto esfuerzo el sistema eléctrico peruano.

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