Sepa qué medidas se debe implementar para aminorar la brecha de infraestructura

José Antonio Honda, socio del Estudio Olaechea, recomendó el retorno de ProInversión como ente promotor de la inversión privada así como reafirmar el respeto a la seguridad jurídica a los inversores dado que este factor se ha ido perdiendo en los últimos años.

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¿Qué normas se deberían impulsar para enfrentar la brecha de infraestructura? Según cálculos de la Asociación de Fomento de la Infraestructura (AFIN) para el periodo 2016 – 2025 se estima en US$ 159.549 millones.

En opinión del abogado y especialista, José Antonio Honda socio del Estudio Olaechea, una solución para promover la inversión privada es retornarle a ProInversión su rol coordinador de promotor de la inversión.

“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene hoy un rol coordinador mucho más preponderante en la promoción de la inversión privada, labor que antes lo tenía ProInversión, institución que supo ganarse la confianza de los inversores. Sería bueno regresarle a esta institución ese rol promotor de la inversión privada, dado que el MEF no necesariamente avizora a los proyectos como una inversión sino como un gasto, por lo que sería importante repensar a quien le damos esta labor. He allí una tarea pendiente”, indicó.

Otro punto que consideró vital a tomar en cuenta es la seguridad jurídica, la que ya está implícita en la actual legislación. Sin embargo, otra tarea pendiente, es refirmarla debido que este factor, se ha ido perdiendo en los últimos años por situaciones políticas y sociales.

“Todas las normas tiene una fundamentación jurídica, en esa sección debería reforzarse la voluntad del Estado de brindar seguridad jurídica a las inversores, al ser la única forma de atraer nuevas inversiones para aminorar la brecha de infraestructura”, detalló.

Asimismo, señaló que para mejorar el fomento de las Asociaciones Público Privada (APP) cofinanciadas, es vital que el Estado especifique con claridad los proyectos que desde su perspectiva son de interés nacional.

“El año pasado se recibieron muchas iniciativas bajo la modalidad de las APP que no estaban en su ámbito de interés nacional. Ante lo cual, desde un principio pudo haberse señalado qué proyectos le interesaba desarrollar”, afirmó.

Otro punto básico que se debería impulsar desde el legislativo, es que el Estado tenga una mayor facilidad y recursos para realizar los análisis de estas iniciativas privadas, contando con el respaldo de especialista altamente calificados.

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