Carlos Caro, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con Gestión sobre la industria de la energía eléctrica.
El Comité Eléctrico de la SNMPE había advertido en los últimos años de diversas distorsiones en el mercado de este sector, por cargos en la tarifa de transmisión que no corresponden a esa actividad. ¿Qué expectativa tienen del tema?
Si pudiéramos volver al 2012 -con la situación que tiene el mercado actual- no sé si se volvería a hacer lo mismo, como cargarle diversas variables al peaje de transmisión (que forma parte de la tarifa eléctrica al consumidor final), que no son propiamente de transmisión, como los cargos por afianzamiento de seguridad, por concentración de generación eléctrica, por capacidad de generación, por energías renovables, por reserva fría (plantas de emergencia para evitar apagones) más el Gasoducto Sur Peruano (GSP).
¿Esa distorsión se puede revertir?
Si uno mirara para atrás lo podría pensar de otra forma, pero llorar sobre la leche derramada no sirve, uno no puede cambiar algo que ya nació así, ya no se lo puedo quitar, no es tan fácil hacerlo; ahora hay que mirar al futuro, y garantizar que no se le meta más cargos a ese peaje de transmisión que va a la factura al cliente.
¿Y para eso se necesita nueva normativa?
Hay que precisar en la normativa que se está sacando ahora, con el MEF y ProInversión, de forma que se determine cómo se van a cofinanciar los proyectos que serán cofinanciables en el sector eléctrico, para que se conozca de dónde se va a sacar el dinero.
¿Ve voluntad en este Gobierno de resolver el tema?
No hay que entrar en pánico y quitar todos esos ingresos garantizados, pues se deben mantener para los temas que sí son de este sector. Por un lado, el Gobierno tiene miedo de que si se hace ahora una interconexión eléctrica con Chile, o con Ecuador, eso se le cargue a la tarifa al usuario. Pero una pequeña interconexión con Chile vale US$ 300 millones y una grande US$ 500 millones, la de Ecuador US$ 300 millones, todas estas no suman más de US$ 1,000 millones
¿Qué impactos tendrían en la tarifa al usuario final estas interconexiones?
Calculamos que por cada US$ 100 millones de inversión que se haga, la tarifa sube 0.19%, o sea, si se hace una pequeña interconexión con Chile, que vale US$ 300 millones, eso sube la tarifa en 0.57%, es decir, no es nada, mientras que por otro lado, el GSP cuesta más de US$ 7,500 millones.
¿Cuánto les va a costar a los consumidores eléctricos el adelanto de ingresos garantizados para ese gasoducto?
Nosotros tenemos cálculos de acá al 2020, el impacto en los usuarios va a ser de US$ 1,500 millones, que van a pagar el Capex de los US$ 7,500 millones que costará ese proyecto, y que se pagarán de forma progresiva a través de la tarifa eléctrica.
¿Qué impacto tendrá eso en las tarifas al usuario final?
Eso significa que las tarifas van a subir progresivamente hasta llegar a un 20% al año 2020, y posteriormente deben bajar, cuando ese ducto de gas entre en operación. No obstante, no tener ese proyecto es doblemente peligroso, porque tenemos dos nodos energéticos ya instalados en el sur (duales a gas y diésel), y (sin el GSP) operarían solo con diésel, lo cual sería más caro.
De otro lado, las empresas del sector tenían problemas de que Sunat considerara las instalaciones de alta tensión como activos depreciables como bienes inmuebles. ¿Eso se ha solucionado?
No, esa es una preocupación que teníamos, tenemos y vamos a tener. Esperamos que Sunat revise sus esquemas porque las líneas de transmisión antes del año 2000 se depreciaban a diez años como bienes muebles que son, porque esas líneas se pueden trasladar de lugar. Pero un cambio de criterio en la Sunat dispone que la depreciación debe ser ya no de 10% sino del 3%. Además, los municipios pueden exigir el pago de impuesto predial y licencias de construcción sobre esa estructura.
¿En qué etapa están de resolver el tema?
Hay una discusión del tema, y algunas empresas están en el Tribunal Fiscal, todo el sector está muy preocupado, esperamos que el nuevo superintendente de la Sunat, Víctor Shiguiyama, evalúe la situación y nos dé una solución.
¿Qué efectos puede tener esto en la demanda?
Ese es el problema, porque si nos cambian las reglas de juego, eso iría a la corte internacional, iría al Ciadi, porque habría un cambio de criterio que, financieramente, nos está afectando.
Lo más seguro es que podríamos ganar, porque las empresas no pueden pagar eso, porque se incurriría en desequilibrio económico, por lo que eso se lo cobraremos al Estado.
¿De qué monto estamos hablando?
Estamos hablando, entre todas las empresas, de unos US$ 100 millones, y eso el Estado no la va a pagar, sino este hará que la pague la demanda, es decir, los usuarios del servicio de electricidad. Ya hablé este tema con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y estuvo de acuerdo con nosotros, y dijo que para agilizar las inversiones necesitamos depreciaciones a diez años.
¿Hasta cuándo esperarán que el Gobierno dé una respuesta a este tema?
Esperamos que este año se solucione el problema, sino se resuelve, iremos al arbitraje, porque a las empresas ya les empezaron a cobrar los impuestos por ese concepto.
