La licencia del arma de fuego que portaba Eduardo Romero, el sujeto que anoche asesinó a tres personas e hirió a otras diez en Independencia, estaba vencida y en esa situación también se encuentran otros 260,000 permisos expedidos por la Sucamec, informó hoy el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas.

El funcionario sostuvo que la licencia del asesino de Independencia venció el 10 de junio del 2016 y dijo que el Gobierno actual heredó de las administraciones anteriores una serie de irregularidades que permitían conceder permiso para portar armas a alguien que en verdad no le corresponde.

“Haremos una evaluación al expediente que este sujeto presentó para obtener la licencia inicial. Lo importante es que tuvimos a un policía de civil que neutralizó a esta persona; de lo contrario, los daños hubiesen sido mayores”, anotó.

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Vargas refirió en canal “N” que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están tomando medidas inmediatas que permitan retirar las armas de fuego del mercado ilegal. “Necesitamos sacarlas del mercado negro, para que no sean de fácil uso de los delincuentes”.

Añadió que se hará una revisión de las tiendas de venta de armas, a fin de detectar las ilícitas, y a las empresas de seguridad privada se les exhortará para que lleven a cabo un control más minucioso sobre las armas de fuego que maneja su personal.

Igualmente, manifestó, se efectuará un control más estricto de las armerías de la Policía Nacional y de las armas confiscadas a la delincuencia, llevándolas a los almacenes de la Sucamec, de modo que no sean sacadas nuevamente por malos elementos.

En abril vencerá plazo para regularizar licencias vencidas.

Por su parte, Rubén Rodríguez, superintendente de la Sucamec, informó que el 3 de abril próximo vencerá el plazo para que se regularice la situación de los 260,000 permisos para portar armas de fuego vencidos; de lo contrario, serán anulados automáticamente.

“Se cancelarán las licencias que no han sido renovadas por los usuarios. Cursaremos comunicación a la Policía para que ubique a las personas que posean armas ilegales”, anotó.

Indicó que, a partir de esa fecha, si un policía sorprende a una persona usando armas de fuego pese a tener licencia cancelada, este sujeto estará cometiendo delito y será pasible de pena privativa de la libertad.

Tras reconocer que en estos momentos pueden haber personas con alteraciones mentales portando armas, Rodríguez comentó que este hecho de sangre es una clarinada de alerta para que las instituciones trabajen juntas a fin de eliminar este problema.

“Hemos visto casos de internos que, desde la cárcel, conseguían certificados psicológicos falsos para obtener armas, gracias a favores de tramitadores”, refirió.

“Los hemos intervenido porque pululaban en inmediaciones de nuestra institución, pero todo el tema del certificado psicológico es expedido por el Ministerio de Salud y centros autorizados. Allí la Sucamec no tiene injerencia”, anotó el funcionario.