Una “inversión corporativa” es una maniobra mediante la cual una empresa (usualmente estadounidense) adquiere o se fusiona con una rival foránea y luego cambia su domicilio fiscal, “mudándose” al extranjero con el fin de aprovechar los beneficios tributarios que ofrece el país de acogida. Se trata del equivalente empresarial de quemar la bandera estadounidense.
El año pasado, una avalancha de estas prácticas condujo al presidente Barack Obama a calificarlas de “antipatrióticas” y el Departamento del Tesoro formuló reglas para erradicarlas. Aunque su flujo cedió por un tiempo, una nueva oleada las ha vuelto a colocar bajo los reflectores.
Este mes, por ejemplo, el fabricante de grúas Terex ha anunciado un acuerdo con Konecranes que incluirá el traslado de su sede principal a Finlandia, en tanto que el productor de ferlizantes CF Industries y la embotelladora Coca-Cola Enterprises han revelado sendas transacciones que estipulan su mudanza a Reino Unido.
Los reguladores están discutiendo formas para dificultar las inversiones corporativas, pero estas medidas tendrían una consecuencia perversa: harían más probable que Estados Unidos pierda no solo ingresos por recaudación impositiva sino también puestos de trabajo.
El argumento que explica estas prácticas surge de la naturaleza excepcional del régimen tributario estadounidense, que grava a las empresas con una tasa más elevada que cualquier otro país avanzado —un promedio de 39% si se suman los impuestos federales y estatales, contra un promedio de 25% en la OCDE—.
Y extiende sus tentáculos en todo el mundo pues cuando las utilidades obtenidas en el exterior son repatriadas, estas también están sujetas a los impuestos estadounidenses.
Por ende, la respuesta no es dificultar la práctica pues no hace absolutamente nada para alterar las ventajas comparativas que ofrece el cambio de domicilio fiscal, sino que hace más probable que las empresas estadounidenses sean adquiridas por otras del exterior. Eso es precisamente lo que está ocurriendo.
La farmacéutica Salix, que estaba buscando invertirse antes de la avalancha de operaciones de ese tipo, el año pasado, fue adquirida por una empresa canadiense llamada Valeant, que estima que podrá ahorrar más de US$ 500,000 millones en impuestos en cinco años con el cambio de domicilio fiscal de la compañía estadounidense.
Por su parte, la farmacéutica irlandesa Shire ha pasado de ser presa a depredadora: si antes estuvo en la mira de la estadounidense AbbVie, hoy está a la caza de Baxalta, y esgrime el ahorro de impuestos como uno de los principales motivos de la transacción. En lo que va del año, se han anunciado adquisiciones de empresas estadounidenses por parte de extranjeras que suman US$ 315,000 millones, de acuerdo con la firma proveedora de datos S&P Capital IQ. El récord anual, establecido en el 2007, es US$ 326,000 millones.
Si bien el impositivo no es el único factor en estas operaciones, sí juega un papel significativo. En estos momentos, las ganancias que las empresas estadounidenses mantienen en el exterior (US$ 2.1 millones de millones y en aumento), actúan como un imán para sus adquirientes, que disfrutan de mejores condiciones tributarias en sus países. Investigaciones realizadas sobre el tema sugieren que mientras más elevadas sean las ganancias, es más probable que una empresa estadounidense sea comprada por una extranjera.
Si los reguladores estadounidenses están realmente preocupados por dejar de percibir ingresos por recaudación y perder frente a entornos con impuestos más bajos, deben librarse de los vacíos legales que infestan su normativa tributaria, reducir la tasa de los impuestos a la renta y corporativos y adoptar un sistema de tributación territorial.
Tales medidas tendrían tres efectos. Primero, las ganancias mantenidas en el exterior tendrían más posibilidades de retornar a Estados Unidos. Segundo, sería más probable que las empresas estadounidenses compren en lugar de ser compradas: un artículo del 2013 estimaba que pasar de un sistema de tributación universal a uno territorial resultaría en un aumento de 17% en las adquisiciones transfronterizas realizadas por empresas estadounidenses.
Tercero, sería menos probable que el empleo crezca en el exterior en detrimento del local.
En otros tiempos, el traslado de domicilio pudo haber consistido en cambiar de sitio la oficina, pero a medida que las actitudes para eludir el pago de impuestos se hacen más pronunciadas, los cambios en el control corporativo harán que, con mayor frecuencia, la alta gerencia decida dejar el país y mudarse a otro.
A los políticos estadounidenses se les hace difícil explicar a los votantes que es una mala idea gravar con impuestos a las ganancias obtenidas en el extranjero. Así que, en lugar de ello, el presidente Obama ha propuesto gravarlas con una tasa más baja, sin importar si el dinero es repatriado o no. Lamentablemente, solo se conseguiría cimentar las ventajas que otorga ser propiedad de una empresa foránea, algo que es muy antiestadounidense.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd,
London, 2015
