La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha liderado el desarrollo de dos estudios sectoriales de riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), específicamente para los sectores minero y pesca, considerados entre los más importantes de la economía peruana.

Ambos estudios se realizaron en línea con el esfuerzo del Perú de implementar los estándares internacionales para la lucha contra el LA/FT y la proliferación de armas de destrucción masiva, comprendidas en las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El estudio del sector minero detectó siete amenazas que se constituyen los principales riesgos: La minería ilegal de oro, la minería ilegal de otros minerales, los fondos del contrabando que se invierten en el sector minero, los fondos del narcotráfico que se invierten en el sector minero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero, los clientes sospechosos y las actividades terroristas financiadas por empresas mineras.

Asimismo, se identificaron 17 vulnerabilidades, observándose que algunas son comunes a varios riesgos, como la corrupción de autoridades o la alta informalidad de la economía; mientras que otras son específicas a un riesgo, como las prevalencias de la producción de narcotráfico o de las redes del narcotráfico.

También se han identificado catorce consecuencias, observándose que gran parte de ellas son generadas por la minería ilegal. Una consecuencia común a la mayoría de los riesgos es el daño en la reputación de este sector.

Frente a los resultados obtenidos, el estudio plantea “Lineamientos de Política para reducir la exposición al riesgo LA/FT del sector minero”.

La mayor parte de las medidas propuestas se ocupan de uno o dos riesgos en específico; mientras que algunas pueden ser transversales a todas las amenazas del sector, como es el caso de la adecuación de la normativa LA/FT en el sector minero y el mejoramiento del proceso de formalización de la minería artesanal.

Pesca
Respecto al estudio del sector pesca, este detectó siete amenazas que constituyen los principales riesgos: La extracción ilegal (alta informalidad), el procesamiento ilegal (harina de pescado), la comercialización ilegal, los fondos del narcotráfico que se invierten en el sector pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector pesquero, los clientes sospechosos y las actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.

También reveló 12 vulnerabilidades, observándose que la alta informalidad vinculada a la extracción de recursos es una de las más relevantes, en conjunto con la poca presencia de autoridades competentes y la corrupción de autoridades locales y nacionales.

Además, se identificaron 11 consecuencias, resaltando la distorsión de los precios en la anchoveta, la propagación del crimen organizado e incremento de la violencia, el daño a la reputación del segmento extractivo del sector pesca y el incremento de la corrupción.

Sobre la base de los hallazgos, se presentan los Lineamientos de Políticas para reducir la exposición de riesgos LA/FT en el sector pesquero, los que en su mayor parte se concentran en la pesca ilegal. Otros lineamientos combaten, a la vez, a varias de las amenazas del sector, tales como la adecuación de la normativa LA/FT en el sector y la necesidad de capacitación a los actores del sector pesquero en materia de prevención LA/FT.

Durante el segundo semestre del 2017 e inicios del año 2018, el sistema de prevención en LA/FT del Perú será evaluado respecto a la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional del GAFI.

Un resultado negativo de esta evaluación ocasiona la inclusión del país evaluado en un listado de “países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención contra el LA/FT”, lo que implica un incremento en la calificación de riesgo país, el encarecimiento de líneas de crédito, dificultades en operaciones de comercio exterior y límites y filtros en transacciones financieras.