En medio de la movida coyuntura política, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso aprobó un dictámen que reúne los proyectos enviados a inicios de año por el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para que sus trabajadores sean excluidos del régimen Servir.

Sin embargo, el dictámen agregó a último momento un texto que incluyó una medida similar para los trabajadores del Congreso, sin que haya existido un proyecto de ley previo que contenga las opiniones técnicas independientes que respalden la medida.

La autógrafa de ley ya está en manos del Ejecutivo desde el pasado miércoles, que tiene de plazo hasta el 11 de agosto para decidir si promulga u observa esta propuesta normativa.

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Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama refirió que la propuesta para excluir a los trabajadores del Congreso del régimen Servir no se justifica, pues a diferencia del BCR y la SBS, no es un organismo especializado ni constitucionalmente autónomo.

“El Congreso no tiene un estatuto particular, es como cualquier otra entidad pública. De ser aprobado, cualquier otra entidad pública podría solicitar una medida similar”, advirtió Toyama.

En esa línea, el analista recomendó al Ejecutivo observar esta propuesta para el Congreso, mientras que en el caso del BCR y la SBS sí estaría justificada.

“En todo caso, un ente imparcial debería decidir esta propuesta y no hacerlo el propio Congreso”, añadió Toyama.

El especialista remarcó que el Congreso buscaría mantener su cuota de poder para decidir la contratación de los trabajadores administrativos.