(Bloomberg).- Los periodistas de temas policiales en México enfrentan una elección sombría: la deshonestidad o la muerte.

En la mayoría de los países, los botones de pánico son dispositivos utilizados para las personas mayores que puedan necesitar atención de emergencia, o para los padres que busquen mantener vigilados a sus hijos o a sus mascotas.

Pero en México estos botones forman parte de un conjunto de herramientas de supervivencia para los periodistas que cubren la guerra contra el narcotráfico, la corrupción y otras miserias provocadas por el hombre, y les permiten enviar una silenciosa señal de socorro a las autoridades.

Tal es el estado de quienes ejercen el periodismo en la segunda nación más grande de Latinoamérica, que ha superado a Colombia – que recién sale de medio siglo de insurgencia guerrillera – en convertirse en el lugar más mortífero del hemisferio Occidental para ser periodista.

Nada de esto era noticia para Javier Valdez, el periodista de investigación que recibió varios premios y recibió varios disparos mientras conducía su automóvil el 15 de mayo en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa en el salvaje noroeste de México.

Valdez no estaba entre los 405 periodistas y activistas que solicitaron protección al gobierno Federal en los últimos 5 años bajo el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, quizá porque sospechaba que las garantías de la policía y un aparato electrónico resultaban frágiles para su ritmo.

En Riodoce, el periódico semanal independiente que Valdez cofundó en el estado de Sinaloa, casa del más famoso cartel del crimen organizado y de su antiguo líder, “El Chapo” Guzmán, su trabajo era reportar sobre el crimen en el inframundo mexicano.

La muerte de Valdez ha provocado desde entonces una conmoción nacional, una revuelta en los medios de comunicación del país, reuniones de emergencia por parte de las autoridades federales y locales, y compromisos oficiales para reformar el sistema de justicia y salvaguardar la libertad de prensa. Pero a menos que las autoridades públicas puedan respaldar los encomios con la aplicación de la ley, y hacer que cumplan con la ley los depredadores de los medios de comunicación, la santurronería sonará hueca.

Valdez es el sexto reportero mexicano abatido este año y el número 41 en morir investigando actividades nefastas desde 1992; otros 50 han muerto en circunstancias turbias, según un informe reciente del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Y el asesinato es solo la forma más extrema de pago revertido a los miembros de los medios de comunicación, que rutinariamente se enfrentan a intimidación, amenazas de muerte y los secuestros.

Los ataques contra periodistas han aumentado un 29% desde que el presidente Enrique Pena Nieto asumió el poder en 2012, y un 163% desde el 2010, tras la dura campaña del ex presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. “Esta es una de las épocas más sangrientas para el periodismo en México”, me dijo Jan-Albert Hootsen, corresponsal del CPJ en México.

Este incremento de la violencia no coincide con las promesas que hizo Peña Nieto en su camino hacia la presidencia. Después de la fallida guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón, que reclamó unas 120,000 vidas en seis años, Peña Nieto esperaba reforzar la transparencia y la seguridad pública.

En una importante iniciativa a inicios de su mandato, respaldó leyes que potenciaban el procesamiento de los crímenes contra periodistas. Antes de eso, debido a un surrealista agujero legal que solo Octavio Paz podría apreciar, el fiscal especial del país para crímenes contra la libertad de expresión no tenía jurisdicción para llevar la mayoría de estos casos a juicio.

Los críticos dicen que los esfuerzos del gobierno para evitar que los periodistas sean atacados se han visto obstaculizados por el subfinanciamiento y el desvío de la misión. En un informe del 2 de mayo, el CPJ encontró que las medidas de México para aumentar la seguridad a los periodistas en peligro eran insuficientes.

“Más que combatir la violencia, Peña Nieto luchó por cambiar la óptica pública, argumentando que la percepción de la violencia era peor que la realidad”, dijo Rosental Calmon Alves, director del Centro Knight de Periodismo, que capacita a periodistas en las Américas. “Esa estrategia no ha funcionado”, me dijo Alves.

Aún más siniestro, según la Secretaría de Gobernación, bajo la vigilancia de Peña Nieto, los funcionarios públicos eran sospechosos de más de uno de cada tres ataques contra periodistas. Bajo presión, el fiscal general mexicano despidió a un fiscal especial, cuyos esfuerzos para procesar los crímenes contra periodistas se habían quedado cortos. Cinco días más tarde, Valdez fue asesinado.

La promiscuidad entre los bandidos y las autoridades puede ser una de las razones por las que tantos crímenes contra periodistas permanecen impunes en México, que se clasificó como el sexto peor país en el índice de impunidad anual del CPJ y el 147º de 180 países en el ranking de Reporteros sin Fronteras para la libertad de prensa mundial.

Valdez sabía algo acerca de la impunidad y de lo poco que las instituciones del país nominalmente democrático no habían sido afectadas por el crimen y la corrupción, incluyendo los medios de comunicación. Algunos periodistas en México aprendieron a cuidar sus palabras, a en silencio aceptar dinero o “chayote”, o, de lo contrario enfrentar las consecuencias. Valdez se negó a hacerlo.