Bloomberg.- Un tribunal chileno acusó a un ex ejecutivo de Corpesca, una empresa pesquera controlada por el multimillonario Roberto Angelini, de facilitar sobornos a legisladores mientras debatían una ley en el 2012 que le dio el derecho a pescar de forma gratuita en las costas del país durante al menos 20 años.

Dos congresistas y un ministro del ex presidente Sebastián Piñera han sido acusados o se encuentran bajo investigación en el caso, así como el ex gerente general de la compañía, Francisco Mujica.

Julio Contardo, uno de los fiscales que llevan el caso, dijo a CNN Chile que la sentencia podría ir desde multas hasta la disolución de la compañía, aunque esto último solo se aplicaría en casos de lavado de activos.

El abogado de Corpesca, Waldo Bown, rechazó las acusaciones de que la compañía no estableció sistemas para evitar el pago de sobornos, según CNN Chile.

Chile ha explotado considerablemente algunas de las aguas pesqueras más ricas del mundo, reduciendo las capturas de lubina, caballa, congrio, anchoas y ráyidos.

La ley del 2012 fue diseñada para endurecer la regulación de la industria, volverla más sostenible y reducir las capturas.

Algunos miembros del Congreso y representantes de empresas pesqueras más pequeñas dicen que no fue suficiente, y que renovó cuotas para las flotas pesqueras industriales como las de Corpesca acusadas de drenar los océanos.

Las cuotas se concedieron sin costo alguno y con una opción de renovarlas después de 20 años, con el regulador citando los “derechos históricos” de las compañías para pescar en las aguas de las costas de Chile.

De acuerdo con los reguladores, las principales poblaciones de peces, exceptuando las sardinas, ahora se clasifican como “sobre-explotadas” o “agotadas”.

Angelini, presidente de Corpesca, controla Empresas Copec, la segunda empresa más grande de Chile que cotiza en bolsa, a través del holding AntarChile SA.

En la primera mitad del 2016 las ventas de Corpesca, una filial de Copec, ascendieron a US$ 257 millones, en comparación con US$ 363 millones el año anterior.

Chile se ha visto sacudido por una serie de escándalos políticos en los últimos años: Grupo Penta tuvo que vender activos y cerrar filiales tras ser acusada de financiar ilegalmente un partido político y sobornar al subsecretario de Minería, mientras que la empresa de fertilizantes Sociedad Química y Minera de Chile está siendo investigada por financiamiento ilegal a partidos de todo el espectro político.