Buenos Aires (AP).- El Grupo Clarín presentó un plan para desinvertir que implica la división de su estructura, pero advirtió que seguirá oponiéndose en la justicia a los puntos de una ley de medios que considera perjudiciales para sus intereses.

El mayor multimedios de Argentina y uno de los más importantes de América Latina informó en la página de internet del diario Clarín que “decidió separar sus licencias audiovisuales en seis diferentes unidades empresarias” y que informó el plan de adecuación voluntaria de desinversión al gobierno de la presidenta Cristina Fernández y a la justicia.

El grupo periodístico tomó esta iniciativa después de que el 31 de octubre el Ejecutivo le notificó que puso en marcha una “adecuación forzosa” para que el multimedios se desprenda de las licencias en las que se excede, según la ley de medios de 2009. Dicho proceso implica la tasación de las licencias y la selección de varias de ellas por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para venderlas en concurso público.

Pero Clarín indicó que decidió presentar su propio plan de desinversión “ante el avance ilegal y de facto que emprendió el gobierno… para quitarle compulsivamente sus medios audiovisuales”.

El multimedios dijo que todas las unidades empresarias en las que dividió su estructura son independientes y sus titulares serán definidos a medida que avance el proceso de adecuación. Señaló además que respetan los límites de propiedad estipulados en el artículo 45 de la polémica ley, impulsada por Fernández con el alegado propósito de desconcentrar el mercado y que originó un largo litigio judicial con el grupo periodístico saldado el 29 de octubre cuando la Corte Suprema de Justicia declaró, en un fallo dividido, la constitucionalidad de la norma.

Clarín puntualizó que, al margen de la presentación realizada, “analizará recurrir ante tribunales internacionales” los artículos de la ley que lo obligan a desinvertir y no le reconocen derechos adquiridos y “seguirá litigando en los tribunales locales todos los aspectos vinculados a la aplicación discrecional y selectiva de la norma por parte del gobierno”.