Lima (Reuters).- La minera Bear Creek Mining Corp quiere un diálogo con el Gobierno para destrabar el desarrollo del proyecto de plata Santa Ana, cuyos derechos le fueron cancelados en 2011 tras una protesta, informó un ejecutivo de la compañía.

El desarrollo de Santa Ana fue cancelado en los últimos días del Gobierno del expresidente Alan García tras protestas de pobladores de la región Puno, que rechazaban su operación por temor a un daño ambiental.

Bear Creek Mining Corp interpuso un recurso legal para intentar recuperar la concesión del depósito que le había sido revocada. La empresa también dijo que podría recurrir a instancias internacionales de arbitraje en busca de revertir esa decisión.

“En este momento estamos en la búsqueda de abrir puertas para poder conversar al respecto. El objetivo es evitar trascender en conflictos que vayan a fueros internacionales y llegar a acuerdo en que el Estado y la empresa pudieran solucionar sus inconvenientes”, dijo a Reuters el vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek Mining, Andrés Franco.

La mina, donde se tenía planeado producir 5 millones de onzas de plata al año desde 2012, tiene reservas por 63.2 millones de onzas de plata.

Preguntado sobre el curso del amparo judicial presentado por la empresa, Franco refirió que “hasta ahora no tenemos ninguna solución en ese camino, por lo menos no hay ninguna, no se ha determinado nada judicialmente ni a favor ni en contra”.

Bear Creek recibió esta semana la aprobación de su estudio de impacto ambiental para desarrollar su proyecto Corani, otra mina de la firma en Puno, pero más grande que Santa Ana.

A inicios de año, la empresa había logrado también la aprobación de la población para desarrollar Corani, cuya inversión se estima en unos 574 millones de dólares. Corani produciría unos 13 millones de onzas de plata al año durante sus primeros cinco años de producción, según la compañía.

“Nuestro planteamiento es si tuviésemos la oportunidad de seguir trabajando en Santa Ana, en buen acuerdo con el Gobierno, haríamos la réplica de lo que venimos trabajando en Corani, logrando básicamente la licencia social”, afirmó.

El presidente Humala busca apaciguar los conflictos sociales en el clave sector minero desde que unas violentas protestas paralizaron el proyecto de oro Conga, de unos 5,000 millones de dólares, de la estadounidense Newmont Mining.