¿Quiénes son? ¿Cómo conciben su territorio? ¿Cómo se relacionan con su entorno? Las empresas dedicadas a las actividades extractivas necesitan darle respuesta a cada una de estas interrogantes para saber cómo enfocar una negociación con las comunidades donde operan.

Conocer estos elementos claves les ayudará, sobre todo a las empresas mineras, a tomar decisiones acertadas, para no apostar por presuntas soluciones que, a la larga, podrían generar rechazo e incluso desencadenar un conflicto social.

Marcel Tamayo, abogado del CIDE-PUCP, explicó que, frente a una zona que busca ser explotada, la minera debe tener en cuenta que, bajo la perspectiva de la comunidad, ese espacio es un activo productivo, y cualquier actividad de carácter extractivo supone la pérdida de ese activo a mediano y largo plazo.

“En consecuencia, la empresa tiene que considerar la compensación del activo: cómo hacer que la comunidad no perciba esa pérdida como una afectación permanente”, señaló el especialista: “Pero la salida no es dar dinero”.

Un mecanismo de negociación en función a dar dinero no es la vía más saludable, aclaró Tamayo. “Con la reducción del precio de los minerales, muchas empresas tienen menos dinero disponible para entregarle a la comunidad directamente. Y eso significa que se va a agudizar el problema”.

En ese contexto, enfatizó sobre una alternativa que, en lugar de generar una dependencia, propiciaría la autonomía de las comunidades. “Se recomienda invertir en proyectos, no solo en capacitación, en proyectos de mejora productiva y de apertura de mercado, para que esas comunidades puedan generar ingresos de forma independiente”, sugirió.

El consultado hizo hincapié en que este mecanismo ayudaría a evitar muchos conflictos sociales, que son originados, según dijo, cuando el Estado y las empresas mineras ya no pueden satisfacer los pedidos de las comunidades, que tienen raíz en políticas de carácter asistencialista.

Por eso, Marcel Tamayo remarcó que estos conflictos responden “a un tema de economía de subsistencia y de autonomía”. Y pretender solucionarlos con respuestas de carácter legal o represivo significa dejar de atacar la fuente del problema para solo dedicarse a las manifestaciones.

“Las empresas deberían lograr que las comunidades sean autónomas económicamente con proyectos de mejora productiva y demás. El Estado debería ser facilitador”, precisó. “En la medida en que estas comunidades puedan salir de manera adecuada al mercado, se lograría una mejora que sería sostenible en el tiempo y se eliminaría, en gran parte, el tema de los conflictos”.

DIXIT
“El gran error es tratar a los demás como si todos pensáramos, sintiéramos y viéramos las cosas de la misma manera, como si todos pudiéramos aceptar el mismo tipo de soluciones. A veces la solución puede ser la misma pero depende de cómo la plantees. La forma y el fondo son importantes para efecto de comunidades. Eso es lo que se ha estado descuidando”.

“Nos hemos cuestionado qué tanto influye la autoestima en tu posición en el mercado. Alguien con baja autoestima, huirá ante demasiados obstáculos. (Es vital que las comunidades recobren esto porque) han sido usualmente relegadas, discriminadas y se les ha hecho creer que son un costo social”.

Marcel Tamayo
Abogado y especialista del CIDE-PUCP