Embraer SA se acerca a cerrar acuerdos con investigadores brasileños y estadounidenses para zanjar acusaciones de corrupción que rondan a la compañía fabricante de aviones desde el 2011.

Los acuerdos definitivos –con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por la sigla en inglés) de ese país, así como con el fiscal federal público de Brasil y la CVM, el organismo regulador del mercado del país sudamericano- tendrán condiciones similares a las que describió Embraer en julio, dijo la compañía el miércoles por la noche en una declaración.

Entre esas condiciones se contaban posibles multas, un acuerdo de postergación del procesamiento y la imposición de un monitoreo independiente para evaluar el cumplimiento del acuerdo.

Luego de tres días de declinaciones, las acciones de Embraer subieron 1.7% a las 11:53 en São Paulo, a 14.25 reales.

Dejar atrás las investigaciones le despejaría el camino al máximo responsable de Embraer, Paulo César de Souza e Silva, que este año reemplazó a Frederico Curado. La compañía reservó US$ 200 millones para el acuerdo en el segundo trimestre, lo que derivó en una sorpresiva pérdida.

Goldman Sachs Group Inc. elevó a “comprar” la recomendación de las acciones de Embraer el miércoles a última hora, antes de la declaración de la compañía sobre las investigaciones por corrupción. El analista Noah Poponak mencionó posibles mejores resultados en el tercer trimestre y planes de mejora de costos más detallados.

Retiros voluntarios.
Embraer comenzó la semana pasada la segunda ronda de ofrecimiento de retiros voluntarios a sus empleados, 10 días después de que alrededor del 8% del personal de la compañía fabricante de aviones aceptara la primera oferta. La empresa, que enfrenta una débil demanda de aviones ejecutivos, planea dar a conocer los resultados del tercer trimestre el 31 de octubre.

República Dominicana arrestó en agosto a un ministro de Defensa y a otras tres personas, acusados de aceptar un soborno de US$3,5 millones de Embraer, a cambio de la colocación de un pedido de aviones militares.

Los arrestos formaban parte de una investigación de autoridades estadounidenses y brasileñas sobre la compra en 2009 de ocho aviones turbohélice Super Tucano por US$ 94 millones. El gobierno dominicano dijo que usaba los aviones para combatir el lanzamiento aéreo de drogas procedentes de Sudamérica.