Hace ocho años, Eduardo Elberg, fundador y ex dueño de los supermercados Santa Isabel, decidió separarse de quien fuera su máximo ejecutivo en Perú, el ex gerente general de la cadena Juan Luis Bacigaluppi, aunque dicha ruptura no fue en buenos términos.

Bacigaluppi reclamó en su momento US$ 6 millones, argumentando que participaba del 10% de la sociedad Algeciras Perú, pero Elberg niega que haya sido su socio.

“Él no es dueño de derecho alguno en Algeciras Perú”, precisó el abogado de Elberg, Rodrigo Zegers, quien agregó que Bacigaluppi solo era un ejecutivo “excesivamente bien pagado” en el grupo.

Según el diario El Mercurio, tras un frustrado acuerdo en 2010, la disputa subió de tono y ya tiene ribetes de guerra judicial, en la cual se han interpuesto en total siete demandas entre ambos lados, cinco en Chile y dos en Perú.

La más importante, por la cual Bacigaluppi reclama su porción en Algeciras, entró en una etapa crítica, ya que tras perder la demanda en primera y segunda instancia, su abogado, Sergio García, interpuso un recurso de casación en la Corte Suprema, que determinará en los próximos meses si lo acoge a trámite o no.

Zegers detalla que esta causa, “la madre de todos los juicios”, ya fue zanjada por la justicia en primera y segunda instancia y lo que corresponde es acatar los fallos judiciales. El ex gerente de Santa Isabel admite que hasta ahora la justicia le ha sido mayormente adversa pero no bajará los brazos y “perseveraré hasta obtener lo que es mío”.

Bacigaluppi agrega que además de los procesos judiciales, ha realizado varias acciones para frenar los negocios de Eduardo Elberg en Chile, Perú y Estados Unidos. Por ejemplo, como el ex dueño de Santa Isabel era accionista minoritario del Banco Internacional, cuando este se unió a ILC, envió cartas a las autoridades chilenas -desde el superintendente de Bancos, Eric Parrado, hasta la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet- para impedir esta transacción, argumentando la falta de probidad del empresario.

También, el ejecutivo concurrió a la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos reclamando por presuntos daños a los accionistas minoritarios en la venta de los supermercados Santa Isabel, ocurrida en 1997. Y también fue al Senado norteamericano, en Washington, y al Congreso de Perú.

Eduardo Elberg, un empresario de bajísimo perfil que casi no ha hablado con la prensa y menos aún de este conflicto, ha seguido con una intensa actividad empresarial. Es dueño del 40% del Hotel Marriott de Lima, en la misma ciudad posee el Hotel Foresta & Suites, mientras que en Cusco tiene otro Marriott. Es propietario de varios edificios de oficinas y centros comerciales vecinales en Perú y accionista de Bodegas San Francisco en ese país.

En Chile, participa en el negocio de los malls vecinales en sociedad con la empresa Patio. Además, es socio de la cadena hotelera Atton, a través del fondo de inversión Capital Advisors, con activos en Colombia, Perú y próximamente en Miami. A ello se suma la automotora AutoSummit (que distribuye Ford y Peugeot, entre otras marcas), la salmonera Riverfish y una participación en Hortifrut.

El motivo
Bacigaluppi fue reclutado por un head hunter para asumir la gerencia general de Supermercados Santa Isabel en 1993 en Perú, cuando esa empresa pertenecía a Eduardo Elberg. El ejecutivo partió con sus cinco hijos y su esposa a la capital del país andino.

En 1997, el empresario chileno vendió la cadena de supermercados al grupo Velox, que posteriormente la enajenó al conglomerado holandés Royal Ahold. Inicialmente, la transacción se cifró en US$ 229,7 millones; pero tras un arbitraje posterior, este monto se rebajó y Elberg recibió US$ 150 millones. Entonces, el empresario le propuso a Bacigaluppi continuar la relación, pero ahora como socios, dice Bacigaluppi.

Según este último ejecutivo, acordaron crear Surco Inversiones, donde él tendría un 10% y Elberg, el 90%. Para constituir la firma, los socios crearon dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: Cochrane, de Elberg, y Chacarillas, de Bacigaluppi.

Surco desarrolló en Perú negocios inmobiliarios, como dos hoteles en Lima y otro en Cusco, un centro comercial en la comuna de Surco y otro en Jesús María, así como edificios en San Isidro. En esos años, Surco se transformó en Algeciras Perú, donde Bacigaluppi se desempeñó como presidente ejecutivo.

En 2007 se produjo el quiebre y según representantes de Eduardo Elberg, el ejecutivo “fue desvinculado de esa sociedad luego de liderar una ruinosa incursión en el sector textil, Limatex, la que generó pérdidas a la compañía por más de US$ 15 millones”.

Incluso, se realizaron gestiones de valorización de los activos de la empresa, destinadas a determinar si tendría o no los recursos suficientes para afrontar las millonarias pérdidas.

Los representantes del empresario señalan que “tras realizar auditorías a la gestión de Juan Luis Bacigaluppi, se detectó una serie de conductas negligentes e impropias en su gestión, lo que originó acciones legales en su contra, tanto en Perú como en Chile. En un juicio en Perú, en primera instancia ya fue condenado al pago de más de US$ 4 millones”.

El ex brazo derecho del empresario hace ver que ese fue el único negocio fallido en sus 14 años de relación y que las pérdidas fueron menores a las estimadas por Elberg. En todo caso, aceptó el fin de la sociedad, y en 2008 se allanó a que un tercero, Santander Investment, valorizara su participación del 10% en Algeciras, lo que finalmente no se concretó.

Bacigaluppi explica que la primera oferta indemnizatoria que recibió de su ex empleador fue de US$ 500.000, en el año 2008. Poco después, la propuesta se elevó a US$ 1,3 millones, pero el ex gerente la rechazó.

En setiembre de 2008, el ex ejecutivo presentó la primera demanda en el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar, la que hoy está en la Corte Suprema, reclamando por sus acciones en Algeciras Perú.

El abogado Rodrigo Zegers niega que el ex gerente de Santa Isabel tenga algún derecho sobre estos activos. “Tuvo una participación de 1% por motivos meramente formales en una sociedad anterior, de la cual surgió Algeciras Perú, pero que vendió en el año 2000”, señala.

Contrato en Lima
En 2010, las partes estuvieron a un tris de terminar el conflicto y fumar la pipa de la paz. Según cercanos a Elberg, este empresario accedió a un acuerdo atendiendo “razones estrictamente humanitarias” que involucraba un pago total de US$ 3.75 millones para poner término a los juicios y finiquitar temas legales y laborales pendientes.

Incluso, las partes alcanzaron a firmar un “contrato preparatorio” de este “cese final del fuego”, que se rubricó en la notaría Alberti de Lima, el 9 de febrero de 2010. Como todo contrato, tenía un plazo de 45 días para que el acuerdo final fuese firmado. El 16 de marzo, Bacigaluppi se retractó de sellar el pacto por los impuestos, dado que eso rebajaba su pago en un millón de dólares de un impuesto que según él no le correspondía.

Pero según los ejecutivos de Elberg, era a Bacigaluppi a quien le correspondía pagar los impuestos a la renta de la transacción, y señalan que, además, él se negó a devolver un importante adelanto que había recibido (US$ 700 mil), razón por la cual fue demandado. El desenlace de este proceso también le fue adverso. En estos momentos, su casa en Lo Curro está a punto de ser embargada.

Tras este episodio, la guerra se desató en Chile y Perú.

El abogado de Elberg señaló que “desde que se inició este conflicto, la justicia peruana y chilena han fallado consistentemente en favor de Algeciras, existiendo a la fecha varios fallos que respaldan nuestra postura y la improcedencia de sus reclamaciones”.

Bacigaluppi reiteró hasta el día de hoy que le corresponde el 10% de Algeciras, que, dice, al valor actual “deben ser entre US$ 15 millones a US$ 20 millones”. Rodrigo Zegers, el abogado de Elberg, sostiene que “si él eligió el camino judicial, debe saber perder y acatar los fallos de los tribunales de justicia. Nunca le hemos reconocido la calidad de accionista en Algeciras, y los tribunales tampoco”.