Odebrecht podría buscar arbitraje internacional para recuperar inversión en GSP

“Tenemos mucha esperanza de que se cumpla el contrato, que se haga la subasta hasta enero”, afirmó el presidente de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz.

(Reuters) La brasileña Odebrecht espera que el Gobierno peruano entregue otra vez en concesión el Gasoducto Sur Peruano (GSP) a un nuevo operador pues de lo contrario buscaría un arbitraje internacional con el objetivo de recuperar su inversión.

“Tenemos mucha esperanza de que se cumpla el contrato, que se haga la subasta hasta enero. Si eso no sucede, lo usual en casos como este, pues se busca un arbitraje internacional” para recuperar su inversión, señaló el presidente de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz, en el marco del Reuters Latin American Investment Summit.

El 27 de julio pasado, el entonces ministro de Energía y Minas peruano, Gonzalo Tamayo, declaró al diario Gestión que Odebrecht buscaría discrepar de las condiciones de terminación del contrato del GSP.

“Necesitamos mucha mayor cooperación del exconcesionario. Tenemos alguna información de que incluso el exconcesionario estaría pretendiendo discrepar de las condiciones de terminación del contrato, algo que es absolutamente inaceptable”, afirmó el ahora exministro.

Sobre la expectativa de Odebrecht de que la subasta del GSP se haga hasta enero, Tamayo había afirmado en la entrevista con Gestión que el gobierno espera hacer la licitación durante el primer semestre del próximo año.

“Estamos en condiciones de decir que si alguien plantea algún tipo de leguleyadas, el Estado tendrá que defenderse”, agregó el entonces ministro.

[TAMBIÉN LEA: Gonzalo Tamayo: “Odebrecht buscaría discrepar de términos de resolución del gasoducto” ]

El proyecto de GSP, que contempla una inversión de US$ 7,200 millones, fue cancelado por el Gobierno peruano en enero, luego de que Odebrecht no pudo lograr financiamiento en medio del escándalo de corrupción.

Su socio menor en el proyecto del GSP, Graña y Montero, declaró el año pasado que el Perú podría pagar entre US$ 1,200 millones y US$ 1,400 millones si se cancelaba el contrato.

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