Washington (Reuters).- La agencia de calificaciones Standard & Poor’s dijo que espera ser objeto de una demanda civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos por las notas que le otorgó a una serie de bonos hipotecarios antes de la reciente crisis financiera.

La demanda contra la unidad de McGraw-Hill Cos Incse concentra en sus calificaciones del 2007 a varias obligaciones de deuda garantizadas (CDO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dijo S&P.

En la tarde, las acciones de McGraw-Hill cayeron un 13.8% después que se conocieron las noticias sobre la posible demanda, su mayor descenso porcentual en un día desde el colapso del mercado financiero en 1987, según datos de Reuters.

Sería la primera medida punitiva federal contra una agencia de calificación crediticia por su supuesto comportamiento ilegal en relación a la crisis financiera.

“Una demanda del Departamento de Justicia carecerá de méritos legales o factuales”, dijo S&P en un comunicado. “El Departamento de Justicia se equivocaría al afirmar que las calificaciones de S&P estuvieron motivadas en consideraciones comerciales y que no fueron emitidas de buena fe”, agregó.

El Departamento de Justicia no estuvo disponible inmediatamente para realizar comentarios.

Se espera que varios fiscales generales estatales se sumen al caso, informó el diario Wall Street Journal, citando fuentes con conocimiento del tema. Los cargos previstos se dan luego del colapso de las negociaciones entre el departamento y S&P, dijo el periódico, citando a las fuentes.

S&P y sus principales rivales, Moody’s Investors Service de Moody’s Corp y Fitch Ratings de Fimalac SA, han enfrentado críticas durante largo tiempo por asignar altas calificaciones a miles de valores de alto riesgo y otros activos hipotecarios que rápidamente se vinieron abajo.

Los emisores pagan a las agencias de calificaciones para que asignen notas, una práctica normal en la industria que, sin embargo, ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

En enero del 2011, la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera dijo que las agencias fueron “engranajes esenciales en la rueda de la destrucción financiera” y “facilitadores clave del colapso financiero”.

McGraw-Hill había reconocido en julio que el Departamento de Justicia y la SEC estaban investigando posibles violaciones de S&P relacionadas con sus notas a productos estructurados, y que estaba en negociaciones para evitar una demanda.

La compañía con sede en Nueva York había revelado anteriormente una investigación de la SEC sobre sus calificaciones a un CDO de US$ 1,600 millones conocido como Delphinus CDO 2007-1. No estaba inmediatamente claro si ese CDO es un blanco de posibles demandas.

En julio, Mizuho Financial Group Inc accedió a un acuerdo por US$ 127,5 millones para resolver las acusaciones de la SEC de que una unidad en Estados Unidos obtuvo calificaciones crediticias falsas para Delphinus.

En una variedad de demandas presentadas por inversores, S&P ha afirmado que sus calificaciones constituyen opiniones protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En agosto, un juez federal de Manhattan se rehusó a rechazar uno de esos casos, presentado por el Abu Dhabi Commercial Bank, el condado King del estado de Washington y otros inversores contra S&P, Moody’s y Morgan Stanley por las pérdidas en Cheyne, un vehículo de inversión estructurado.

Cheyne cayó en bancarrota en agosto del 2007. Un juicio está previsto para el 6 de mayo, según registros del tribunal.

En su comunicado, S&P dijo que “lamenta profundamente” cómo las notas de su CDO no anticiparon el rápido deterioro de las condiciones del mercado de hipotecas, y que desde entonces ha gastado US$ 400 millones para ayudar a mejorar la calidad de sus calificaciones.