Con el objetivo de reactivar el sistema inspecciones de seguridad en los establecimientos públicos, la bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que prohíbe la vigencia indeterminada del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones y retorna al anterior sistema donde el plazo de vigencia era por dos años.

“El certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones tiene una vigencia de dos años y en ningún caso tendrá una vigencia indeterminada”, subraya el proyecto de ley N° 791-2016-CR, presentado el pasado 15 de diciembre por la congresista Lourdes Alcorta.

La propuesta legislativa también indica que el procedimiento de renovación debe ser iniciado con una anticipación no mayor a 30 días hábiles de la pérdida de su vigencia.

“Dicho procedimiento no durará más de 30 días hábiles. Los gobiernos locales tienen el deber de realizar la fiscalización posterior de manera periódica, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal”, agrega el proyecto que también cuenta con la firma de respaldo de otros diez congresistas de Fuerza Popular, entre ellos de Luz Salgado, presidenta del Congreso.

En su exposición de motivos, el proyecto recuerda que en el 2014 un decreto dado por el anterior Gobierno estableció que los certificados de seguridad de Defensa Civil tendrán vigencia indeterminada.

“La medida de haber establecido la vigencia indeterminada de los certificados de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para simplicar procedimientos y permisos no es idónea, necesaria ni proporcional, en razón a que prevalece el derecho a la integridad física y seguridad de las personas”, subraya la congresista Alcorta.

Reacciones
El experto en temas municipales, Julio Cesar Castiglioni, se mostró a favor del proyecto de ley, pues ayudaría a que los establecimientos mantengan a lo largo de los años adecuadas normas de seguridad.

“La tecnología avanza y los sistemas de seguridad también deben actualizarle”, señaló Castiglioni a Gestión.pe.

De la misma forma, el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, respaldó la propuesta.

“Los certificados no pueden ser eternos, sino con un plazo determinado. Además, se deben establecer responsabilidades claras para la municipalidad, de manera que dote de recursos necesarios al área de fiscalización”, sostuvo.

Algunos puntos a evaluar
Los entrevistados propusieron dos temas que el Congreso podría evaluar cuando discuta el proyecto y que no figuran en el texto original de esta iniciativa legislativa.

Castiglione refirió que el Gobierno debería establecer topes a los costos de las inspecciones de Defensa Civil, como una forma de ‘candado’ para que la norma no sea mal utilizada por los municipios en una afán de obtener más recursos.

“El costo lo fijaría cada municipalidad de acuerdo a ciertos criterios, pero el Gobierno pondría topes para evitar que esta norma sea usada para sacar dinero a las empresas”, refirió.

Por su parte, Crisólogo Cáceres refirió que otro punto a evaluar podría ser que la renovación sea por un plazo mayor, de tres o cuatro años, para dar una mayor flexibilidad a esta exigencia.

Pero subrayó que ello debe definirse en base a estudios que identifiquen el plazo prudencial para que un establecimiento requiera de una nueva inspección.

El proyecto de ley presentado fue decretado a la Comisión de Descentralización del Congreso, donde será debatido al iniciar la próxima legislatura en el 2017.