Cumpliendo los plazos establecidos por la Ley, en fecha 26 de octubre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (es decir, al Congreso Nacional de Bolivia) el proyecto de Presupuesto General del Estado 2017 (PGE), para su respectiva aprobación.
“Entre las principales particularidades del PGE 2017 se encuentran las siguientes: i) se toma como base de crecimiento 4.8% y de inflación 5%; ii) Implicaría un déficit fiscal previsto de 7.8% del PIB para la gestión; y, iii) explicita reducciones en los ingresos, principalmente de hidrocarburos, como también una inversión pública menor, pero considerable en el contexto”, sostiene el Centro Boliviano de Economía, a través de la LAECO.
La información que se deriva del PGE 2017 confirma que Bolivia enfrentará de manera plena los impactos de la desaceleración económica mundial y regional y, por tanto, será un año complicado en el ámbito económico.
Además, muestra que Bolivia tendrá un modesto incremento en la producción y ventas de hidrocarburos (en torno a 1%), que es contrapesado por una caída en los precios de venta al Brasil y a la Argentina que estarán entre 7% y 33% en los trimestres de 2017, dado que los precios se fijan de manera trimestral indexados a los precios del petróleo y sus derivados.
La debilidad del país frente a los choques externos, específicamente de los precios del petróleo y otras materias primas que han impactado de forma negativa directa e indirectamente las arcas fiscales y los recursos externos que recibe el país. De hecho, el contexto internacional no se muestra favorable debido a la recesión y crisis que está golpeando a países vecinos y a la incertidumbre que en primera instancia está generando los recientes eventos políticos en EEUU y Gran Bretaña.
En el informe de LAECO, destaca que en el PGE se proyecte el déficit más alto observado desde 2003, que implica un desequilibrio entre ingresos y gastos en torno a US$ 3,000 millones, aspecto sobre el cual se debe tomar especial atención, puesto que requerirá que se tomen las medidas del caso para su convergencia a niveles sostenibles.
De hecho y pese a que Bolivia no se erogará un bono adicional anual denominado Segundo Aguinaldo, la tendencia de ingresos y gastos fiscales señala que el déficit para el presente año se situará en torno al nivel del año pasado (7% del PIB) y que de plasmarse podría llegar al año siguiente a un déficit cercano al 10% del PIB.
Además, el informe destaca que tanto en 2016 como en 2017 en Bolivia se proyecta una caída de los ingresos tributarios domésticos sin incluir hidrocarburos, que ocurrirían porque las ventas de las empresas han disminuido en línea con los menores precios a nivel internacional y porque las utilidades también disminuirán por los resultados desfavorables en el sector agropecuario y en el de hidrocarburos, entre otros.
Asimismo, la realidad a la que Bolivia se enfrentará en 2017, con base a los datos presentados por el Gobierno, debe impulsar a buscar de forma conjunta entre el sector público y privado nuevas alternativas para generar más ingresos, que sea a través de incentivos estratégicos, no necesariamente monetarios, para dinamizar al sector productivo nacional y, en especial, para que la industria que pueda utilizar plenamente la capacidad instalada inactiva que tiene en sus unidades productivas, en virtud a la caída de la producción agropecuaria por el fenómeno de El Niño como de restricciones a las exportaciones y regulaciones que impiden el crecimiento del sector privado e incluso del público.
Será imprescindible que el gobierno cuide que las inversiones que tiene planificadas sean efectivas para el propósito de generar más crecimiento. En ese sentido, es preciso revisar cada uno de los proyectos de inversión pública para analizar su impacto y efecto no sólo en el corto plazo sino en el mediano y en el largo plazo, priorizando su concreción en función al aporte al crecimiento y a la sostenibilidad.
Otro de los elementos a tomar en cuenta para generar más ingresos es ampliar la base impositiva. Es importante recalcar que en Bolivia la actividad y empleo informal llega al 70% aproximadamente; es decir, la carga impositiva se concentra en menos de un tercio de los contribuyentes. En esa línea, un alza de impuestos, que fue recomendada por el FMI en el reporte previo del Artículo IV, para las empresas formales sólo agravaría la situación.
Además, existe un cúmulo de empresas en Bolivia que no contribuye con impuestos, entre las cuales también existen grandes empresas o conglomerados que no tributan y no brindan la seguridad social necesaria. Es importante, ver la forma de que los grandes informales o ilegales, que mueven importantes cantidades de dinero con su actividad, contribuyan de la misma forma que los que están dentro del sistema formal.
En síntesis, el Centro Boliviano de Economía, el PGE presentado a consideración de la Asamblea Legislativa debería ser complementado con una proyección de mediano plazo, que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas por el bien del sector público en particular y del país en general.
