“El inversionista no tiene muy claro cuál es su objetivo en cuanto al tiempo que quisiera recuperar su capital, y en cierta forma, desconoce que sus derechos son avalados por un organismo regulador como la Superintendencia”, afirmó Pierino Stucchi, Defensor del Inversionista de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Según Stucchi, existen diversos pilares de defensa en los cuales se puede apoyar un inversor. Primero comencemos a analizar los deberes de los participantes en el mercado de valores, y son los siguientes:

1.- Informar Hechos de Importancia:
El rol regulador de la SMV es importante, puesto que permite asegurar la transparencia para tomar decisiones, pero este rol tiene que ir acompañado de una labor responsable del inversionista.

“Toda empresa que emite acciones o bonos en el mercado, está obligada a revelar públicamente todo hecho que sea importante en su actividad empresarial”, recalcó Stucchi en el marco del nuevo reglamento del ente regulador.

2.- Presentación de resultados:
Según el funcionario, el ente emisor tiene la obligación de presentar trimestral y anualmente su información financiera y memorias correspondientes a sus estados de resultados.

3.- Información privilegiada:
El Docente de la Universidad ESAN afirmó la prohibición de usar información privilegiada antes de ser revelada como hecho de importancia por el organismo especializado.

4.- Manipulación en el mercado de valores:
Stucchi enfatizó que la información no puede ser utilizada por ninguna persona que labore dentro de la empresa, ni siquiera como recomendación o rumor ante un hecho eventual de inversión.

“Si esta información es falsa tendría un efecto sancionador y generaría una percepción errónea del valor de la acción, y si fuera cierta sería un aprovechamiento de esa información privilegiada”, acotó.

5.- Código de Buen Gobierno Corporativo:
El abogado sostuvo que este código plantea estándares para mejorar las cuotas de información y el tratamiento equitativo entre los inversionistas, entre otros se plantea la no promoción de acciones sin derecho a voto.

Así, dijo que aunque no sea obligatorio es necesario cumplir con este código ya que generará mayor información para el inversionista.

Si el inversor conoce sus deberes podrá entender de una mejor manera los derechos que le corresponde. Stucchi refirió el rol de las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), a quienes se les exige mucha diligencia, fidelidad para cumplir las órdenes de los inversionistas en cuanto a la compra y venta de acciones, información de cotizaciones, y liquidación de cuentas.

Sin embargo, un punto importante que el ente regulador exige como requerimiento es que las SAB deben contar con un patrimonio mínimo de garantía para responder frente a un problema de sus deberes.

Hasta la fecha existe un fondo de garantía que bordea los S/. 50 millones de patrimonio, y es administrado por un Consejo Directivo que conforman 2 representantes de la SAB y 2 de la SMV.

¿Qué problemas se pueden presentar?
Para Stucchi los problemas más frecuentes que se presentan entre el inversionista y las SAB son: cruce de información, es decir, la filtración de información que pudo haber sido mayor o previa a su decisión de inversión; e inquietudes sobre los estados de cuenta en cuanto a los montos percibidos y acciones disponibles.

“La defensoría del inversionista, detecta el problema, y aplica la función necesaria para dilucidar si es real o efectivamente percibido”, agregó.

En otras palabras, Stucchi aseveró que si un inversionista detecta ‘que algo no cuadra’ en sus cuentas, la Defensoría del Inversionista acude en su ayuda y le informa acerca de las vías para la defensa de sus derechos, a través del diálogo directo.

Según el abogado, el diálogo directo es una mediación asistida, cuya finalidad es acelerar el proceso de reparación a bajo costo, y evitar trámites, como el recurrir a Indecopi, o el Poder Judicial.

“Una vez que se recibe el problema se trabaja en ello lo más rápido posible, y cuando se tiene una respuesta se le comunica al inversionista la solución del caso. Este proceso de orientación dura como máximo tres días hábiles”, acotó.

Asimismo, el catedrático estimó que este proceso ha permitido resolver más de 300 casos de orientación entre el 2012 y 2013. Y se ha logrado un 93% de eficacia entre la orientación y el espacio de los diálogos directos con una solución satisfactoria para el inversionista.

En cuanto al 7% restante -agregó- que no tiene una solución satisfactoria, lo recomendable es recurrir a otras vías ya mencionadas anteriormente.

Respecto al rol sancionador, el abogado afirmó que una vez que se le comunica al agente intermediario (SAB) que ha incumplido sus labores, se le aplica la sanción respectiva, cuya finalidad es reparar el daño efectuado.

Según Stucchi, las medidas correctivas oscilan entre 1 y 700 UIT dependiendo de la gravedad del caso. Además, afirmó que no habiendo sido reportado a la Defensoría casos graves, estos se presentarían si se produjera una defraudación de confianza que implica el engaño al inversionista, es decir, fraguar órdenes que nunca emitió o realizar operaciones que nunca autorizó u ocultarlas.