Los miembros de la industria pisquera en Chile están más que preocupados debido al aumento del impuesto a los alcoholes, ya que eso haría subir el precio del producto en alrededor de 23%, implicando una baja de 20% en las ventas.

“En el caso de los más masivos (entre 3,000 y 3,500 pesos) el alza sería del orden de 600 pesos, mientras que los de mayor valor (5,000 pesos) subirían cerca de 1,400 pesos”, explicó el gerente general de Capel, Roberto Salinas, al diario El Mercurio de Chile.

Añadió que el aumento de los tributos será absorbido en parte por el consumidor pero también deberá ser asumida por las empresas, lo que afectará al sector.

“Entendemos que es importante una reforma que permita el desarrollo de la educación, pero miramos con decepción y tristeza que una parte de esos fondos se pretenda sacar de una industria como la nuestra que ha estado tan golpeada por la sequía”, explicó Salinas, quien consideró que los efectos del aumento de tributos son como un “terremoto silencioso”.

Asimismo, precisó que desde el año 2000 a la fecha, la producción de uva pisquera se ha reducido en un 50%, desde 300 millones de kilos a 150 millones, proyectándose una merma adicional de 50 millones de kilos para este año.

“Esperábamos que el Gobierno diera medidas de ayuda para paliar los problemas de sequía y nos encontramos discutiendo impuestos”, enfatizó.

En la actualidad, el aguardiente chileno paga un tributo específico de 27% y con la reforma el porcentaje podría llegar al 50%, dependiendo del grado alcohólico del producto.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Pelayo Alonso, estimó una merma en el empleo de un 20%.

“Se estima que un 20% de pequeños productores no continuarán en la agroindustria, debido al impacto de esta medida”, señaló. Ahora existen 2,734 productores que se dedican al rubro pisquero en Chile.

La próxima semana la industria pisquera de Chile tendrá la oportunidad de explicar su posición ante el Congreso de su pasí, y según Salinas, serán varios los sectores que plantearán sus puntos de vista a los parlamentarios.

“La autoridad no ha mirado esto con suficiente calma, y nuestra gente clama por un tratamiento más justo”, concluyó Salinas.