Édgar Alarcón
La coordinación con los ministerios facilitaría los destrabes
Desde que empezamos la gestión en la Contraloría se propuso actuar de manera diferente, dejar de ser más fiscalizadores para ser más asesores en la gestión, y una de las propuestas que ya hemos puesto en práctica es trabajar en mesas conjuntas con ProInversión, MEF, Contraloría y el ministerio que esté vinculado, con la idea de poner a los problemas de demanda integral, los famosos destrabes.

Por otro lado, es necesario que el MEF brinde a Contraloría el flujo de la caja fiscal estructurado para hacer el seguimiento a los ingresos y gastos de manera desagregada. En el Marco Macroeconómico Multianual está, pero ahí se encuentra de manera muy genérica; nosotros somos los auditores del Estado y como tal somos los responsables de que los recursos se gasten de manera adecuada.

José Gallardo
Las adendas deben darse para ampliar los proyectos ya maduros
Me parece clave definir qué cosa es destrabe, porque se puede estar creando un escenario de desequilibrio, pues parte de los concesionarios puede estar pidiendo cosas que, de repente, no están bien y que en un ambiente de destrabe se colocan como un tema de agenda. Las actividades de control, supervisión y regulación deben estar bien blindadas, dado que eso crea la confianza para tomar decisiones.

Lo otro que me parece importantísimo es que debería darse una práctica sana en el Perú en la adenda, sobre la base de que, una vez terminada toda una fase de inversión, en la que ya se demostró que el proyecto es maduro, se puedan realizar ampliaciones más sofisticadas. Por ejemplo, luego del Puerto de Matarani, se podría realizar el proyecto de Bahía Islay, entre otros similares.

Miguel Sánchez-Moreno
Salida de inversionista por corrupción no debe detener las obras
Un primer tema es la adecuada capacitación de los funcionarios que intervienen en todo este proceso. Todos los ministerios deberían tener propuestas para realizar concesiones, solo hay una dirección en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ministerio de Energía y Minas también tiene proyectos, pero los otros sectores no. Si vemos en la Contraloría, se observará no todos conocían los procesos de APP, pero ya se vienen capacitando.

De otro lado, un aspecto importante en los casos de corrupción es que los proyectos deben ser capaces de perdurar y ejecutarse, independientemente de quienes están detrás de ello. Los contratos tienen que estar adecuadamente amparados para que el Estado tenga la capacidad de sacar al inversionista y colocar a uno nuevo, pero el proyecto debe continuar.

Manuel Romero Caro
El desentrampamiento de los proyectos no tiene una fórmula única
El desentrampamiento de los proyectos no tiene una fórmula única, porque cada contrato tiene características propias. Por ejemplo, la Refinería de Talara es diferente del Gasoducto. En este último hay más grados de libertad. Por ejemplo, se dice que se va a convocar a una nueva licitación en nueve meses, y ni siquiera han nombrado al comité que va a evaluar la nueva licitación.

En los proyectos se actúa de manera política, pues sin la petroquímica no hay gasoducto, eso es una verdad. No creo que vayan a redimensionar el proyecto a su verdadera dimensión, por razones políticas.

Otro problema es ¿qué pasa si el concesionario quiebra? Esto se puede dar en el caso Odebrecht, sin especular o hacer terrorismo financiero, pero es importante analizar esa posibilidad.

Institucionalidad
“Las empresas supervisoras deben tener dedicación exclusiva, sin estar vinculadas a los concesionarios”

La problemática de la corrupción ante los megaproyectos tiene varios planos: que la solución no radica en las leyes o reglamentos, sino en la formación ética de las personas, sostiene el economista Manuel Romero Caro.

Así, indica que es necesario tomar algunas acciones, como establecer candados necesarios para que no se vuelvan a licitar proyectos sin que tengan estudios de preinversión, por ejemplo.

Considera que una segunda acción es hacer obligatoriamente la evaluación ex post, que es un mecanismo que utilizan todos los países desarrollados; y como tercera medida, evitar que la empresa supervisora tenga una dedicación exclusiva. “No es posible que el supervisor de la empresa sea quien desarrolló el mismo proyecto”.

Confianza
Por su parte, José Gallardo, exministro de Transportes y Comunicaciones, sostiene que hay un tema mayor, todo este tema de inversión no solo pasa por convencer a aquellos que han estado más cerca de estos procesos, sino a una gran cantidad de personas que son muy escépticas.

“El reto es explicar cómo la institucionalidad que se está creando va a resolver las inquietudes de aquellos que tienen muchas dudas”, indicó. Gallardo mencionó que hay personas que piensan que hay que hacer una especie de paréntesis en las APP, pero hay un elemento de institucionalidad, fuera de las presiones sociales.

“Para lograr la institucionalidad se debe actuar como las entidades regulatorias, en la toma de decisiones, con cierto blindaje y con prácticas transparentes”, sostuvo.

Transparencia
“Los nuevos contratos deben partir de la experiencia de los acuerdos vigentes”

En opinión del Contralor de la República, Édgar Alarcón, el modelo de las APP no necesariamente es la mejor alternativa para la ejecución de los megaproyectos dado los casos de corrupción, pero considera que es una opción importante que se tiene que considerar.

“Es necesario que se tomen en cuenta todas las experiencias que hemos pasado con los contratos que tenemos vigentes, sobre todo en el tema de la corrupción”, sostiene.
Refuerza la idea sobre que la Contraloría hará el acompañamiento y monitoreo y, de ser el caso, la fiscalización en caso de encontrar indicios de corrupción.

En ese sentido, Édgar Alarcón comenta que se debe tener muy en claro la priorización de las necesidades de la sociedad, y dentro de ello, sobre los megaproyectos que lleva adelante cada entidad, ya sea por APP u obra pública. Se debe conocer cuál es su rol y que lo cumplan a cabalidad e incidir mucho en la transparencia.
“Transparentar gastos y la ejecución de las obras, saber qué están haciendo las entidades, saber lo que pasa, porque luego nos enteramos cuando las cosas ya han sucedido”, remarcó.

Capacidades
“Se debe agregar capacidades a las regiones y las municipalidades”

“Es necesario que se identifique quiénes son los actores y con quiénes se puede trabajar, personas con capacidades y experiencias necesarias para impulsar los proyectos”, sostiene Miguel Sánchez-Moreno, socio del Estudio Rosselló.

Hoy en día, indica, se tienen que agregar protagonistas internacionales, grandes empresas consultoras que sean capaces de darles la calidad esperada a estos estudios y que den certeza de la transferencia de los riesgos entre el privado y el Estado. Esto toma su tiempo, tiene un costo alto, pero creo que ahora puede dar mayor seguridad a la ejecución de los proyectos, sostiene.
En el tema de capacitación, comenta el especialista que siempre se hace referencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dejándose de lado a los gobiernos regionales y locales.

“En las municipalidades y regiones no existen capacidades y es muy fácil ver cuáles son los resultados que hay ahí”, remarcó.

Indicó que si se revisa cuántos son los proyectos de los gobiernos regionales que han sacado, solo se puede ver los casos de Olmos, Majes y algún proyecto en Piura. Por ello, ahora se habla de un ProInversión descentralizado que lo que debe buscar es fortalecer esas capacidades.

De esta manera, Sánchez-Moreno indica que un aporte importante es la reestructuración de ProInversión, en la que el director ejecutivo toma decisiones, aprueba las bases y adjudica la buena pro, dejando de lado a comités.

Los comités son una especie de veedores, a quienes se le podría dar la labor de la Contraloría.