Lavado de activos. En el juego de niños llamado ‘el gran bonetón’, el estribillo para salir del embrollo dice: “No fui yo, fue el gran bonetón”. Nunca se sabe quién es el culpable.

Al parecer, hoy estamos viviendo la misma situación, solo que ya no es un juego. El primero de abril el ataque a un vehículo en San Miguel sería la punta visible de una madeja que aún no podemos terminar de desenredar.

El caso Oropeza empezó destapando millonarios contratos con entidades gubernamentales como el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría, vínculos políticos y manejos “extraños” de propiedades del Estado.

A pesar de que los hechos muestran negocios desde hace más de 10 años nadie parece ser culpable de nada.

Nadie sabe cómo logró vivir en una casa que fue confiscada a los Crousillat. Nadie sabe cómo, con un sueldo de 12,000 soles gastaba más de 500,000 soles mensuales y no se le abrió investigación por lavado de activos. También se desconoce si la Administración Tributaria tiene algún proceso por desbalance patrimonial abierto contra Oropeza.

Las autoridades de la UIF no han querido responder si tenían o no una investigación abierta contra Oropeza, simplemente han preferido recordar que la información que la UIF envía a la Fiscalía es confidencial.

Dada esta situación es muy válido preguntar si alguien estaba investigando: ¿Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría?, al parecer, la respuesta de cada una sería: “No fui yo…”.

La situación es más crítica si nos ponemos a pensar cuántos otros casos como el de Oropeza existen que no están siendo investigados.

Todo esto revela que el Estado requiere mayores niveles de coordinación y comunicación entre sus entidades para lograr ser eficaz, si la Sunat o la UIF dudan de la probidad de una empresa o persona natural deberían informar al Seace para evitar que entidades del Gobierno contraten con empresas o personas de “dudosa reputación”.

Asimismo, se debería informar a la Contraloría para que revise la transparencia en las contrataciones.

No buscamos que las investigaciones reservadas se conviertan en información de dominio público, pero esperamos que cuando se destape un tema como este podamos encontrar rápidas respuestas, encontrar entidades que asuman sus responsabilidades y no que busquen culpar a otros.