Editorial: Agua, ambiciosa reestructuración

“La nueva legislación otorga responsabilidades a los gobiernos regionales y locales en la formulación y supervisión de planes y políticas de saneamiento”.

REFORMA. Desde su primer día en el poder, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski puso en claro que su principal prioridad sería asegurar el acceso universal al servicio de agua potable y alcantarillado. La semana pasada, se sentaron las bases legales para avanzar hacia ese objetivo con la publicación de decretos legislativos que establecen la reestructuración de la gestión y prestación de tales servicios­ –incluyendo el tratamiento de aguas residuales–, así como las fuentes de financiamiento, a través del flamante Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS).

Se trata de una reforma en toda regla, pues crea un régimen orientado al saneamiento financiero, económico y administrativo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), que además de promover su fusión y prohibir su escisión –porque hay demasiadas–, contempla su modernización a través de asociaciones público-privadas (APP), no solo en lo que respecta a las necesarias inversiones para ampliar y mejorar sus servicios, sino también en su administración.

Como sabemos, el esquema de las EPS, que son propiedad de los municipios, no funcionó porque su manejo no ha obedecido a criterios técnicos y empresariales. Al respecto, la nueva normativa consagra la autonomía administrativa de esas entidades. Para el caso de Sedapal, que atiende a Lima y Callao, y no pertenece a ningún municipio, la formulación y supervisión de las inversiones correrá por cuenta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La nueva legislación también otorga responsabilidades a los gobiernos regionales y locales en la formulación y supervisión de planes y políticas de saneamiento. Este será el mayor desafío de la reforma, puesto que estas instancias de Gobierno tendrán que asumir tareas que tenían descuidadas o simplemente ignoraban.

En cuanto al FIAS, lo novedoso es que además de recursos fiscales y de cooperación internacionales, también podrá alimentarse con fondos de inversionistas institucionales, incluyendo las AFP. Para que esa participación se materialice, la reforma de los servicios de saneamiento tendrá que manejarse con criterios de mercado y ofrecer retornos interesantes. Imposible criticar esta reestructuración por su falta de ambición.

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