PLAN DE RECONSTRUCCIÓN. El Congreso se tomó dos días para aprobar el proyecto presentado por el Gobierno para hacerles frente a los desastres y crear la Autoridad para la Reconstrucción. La iniciativa no salió tal como fue propuesta por el Ejecutivo, el Congreso incorporó algunos cambios que significarán que el Gobierno no tendrá totalmente las manos libres para llevar a cabo la reconstrucción.

Así, el proyecto aprobado fija un plazo de 90 días para que el Consejo de Ministros apruebe el plan integral de reconstrucción mediante decreto supremo, previa coordinación con gobiernos regionales y locales. Además, obliga a que el premier se presente una vez al año ante el Parlamento para informar los avances, mientras que el director ejecutivo de la Autoridad tendrá que hacerlo cada seis meses ante la Comisión de Presupuesto.

Entre los cambios más importantes también está la restitución de la facultad para que la Contraloría realice una fiscalización ex post, además del control simultáneo, y exigir que los contratos que se firmen con terceros incluyan cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento.

El fundamento de todas las modificaciones introducidas por el Congreso es asegurar la transparencia y los controles necesarios para evitar que puedan generarse casos de corrupción. Pero lo cierto es que no todos los cambios cumplirán con dicho objetivo. Por ejemplo, la decisión de involucrar más a los gobiernos regionales y municipales, de acuerdo a la experiencia mostrada hasta ahora, podría ser solo un obstáculo, pues la mayoría de sus autoridades han evidenciado falta de eficacia, liderazgo y demora en la ejecución de proyectos.

Asimismo, si bien es saludable que la Contraloría pueda hacer un control posterior, eliminar los requisitos explícitos —que figuraban en la iniciativa original— que debían cumplir las empresas auditoras que fueran contratadas por dicha entidad para ayudarla en su labor, podría abrir la puerta a compañías poco calificadas.

Finalmente, siempre es bueno recordar que todos los problemas y delitos generados en los últimos años fueron bajo el esquema de supervisión que hoy mantiene la Contraloría y con todas las facultades de fiscalización que ostenta el Congreso. Es decir, el problema no es solo de normas sino de personas y procesos ágiles y eficaces.