SEGURIDAD Y DESREGULACIÓN. En el país estamos acostumbrados a que la responsabilidad siempre recae en el otro, y por lo general ese otro es el más débil. En la tragedia de la discoteca Utopía, la primera responsabilidad recayó en el administrador, pero no en los propietarios. En el reciente incendio de los cines UVK en Larcomar, se quiere establecer que toda la responsabilidad sería de la Municipalidad de Miraflores por demorar más de tres meses en realizar una inspección técnica de seguridad, es más, la gerente general de UVK, tratando de encontrar una explicación a los cuatro trabajadores fallecidos, ha dicho: “Será el pánico, no sé qué pasó”.

La verdad es que en este penoso suceso el primer responsable es UVK, su certificado de seguridad debió ser renovado en mayo y caducó el 9 de julio de este año, pero recién solicitó la inspección el 4 de agosto. El segundo responsable es Larcomar, que permitió que durante un mes los cines funcionaran con un certificado vencido, y en tercer lugar la municipalidad, que en tres meses no pudo programar una inspección.

Pero la gran pregunta es si esta inspección hubiese generado algún cambio. Ya en el 2014 la Municipalidad de Lima les había otorgado este certificado, y era muy probable que no encontraran objeciones por parte de la Municipalidad de Miraflores, debido a que, tal como se han excusado UVK y Larcomar, la empresa sí cumplía con las normativas, solo que con las antiguas, pues no estaba obligada, por ley, a mejorar sus sistemas de seguridad.

La lección más triste de este incendio, y que las inspecciones a sus similares están confirmando, es que no existen medidas de seguridad adecuadas para los cines y otros establecimientos públicos, por ejemplo, existen materiales no inflamables para fabricar revestimientos de pisos, paredes y techos, que la mayoría no utiliza, y lo hemos aprendido como siempre aprendemos estas lecciones: con una tragedia.

Por ello resulta necesario mejorar las normas para evitar que las empresas se amparen en la irretroactividad de las leyes, pero sobre todo mantener la fiscalización a temas tan básicos como dejar abiertas las salidas de emergencia. Además, es necesario que la simplificación de trámites diferencie entre aquellos que involucran la seguridad de los usuarios y los que representan una pérdida de tiempo y dinero y no tienen justificación lógica.