Editorial: Conformistas y escépticos

“Entre las futuras leyes tendrá que figurar un mayor empoderamiento de las entidades anticorrupción”.

CORRUPCIÓN. Se necesitará más que un paquete de leyes para comenzar a combatir la corrupción que está tan enquistada en nuestra sociedad. Una consecuencia de lo poco que se ha hecho contra este delito es que los peruanos parecen haber “tirado la toalla”. Según Pulso Perú, el 53% piensa que la corrupción seguirá igual cuando este Gobierno culmine y el 80% opina que somos muy o bastante tolerantes con ella.

El escepticismo también se manifiesta en las expectativas sobre el impacto que tendrán las leyes que dictará el Ejecutivo para luchar contra la corrupción: son menores que las que despiertan las normas para reactivar la economía y lidiar con la inseguridad ciudadana. Es que hasta ahora no hemos pasado de los discursos y ofrecimientos oficiales, y quienes deben liderar las políticas anticorrupción, empezando por los presidentes, han resultado involucrados en escándalos o denuncias.

Según la encuesta, entre las siete personas más corruptas figuran cuatro de los últimos cinco mandatarios (solo se salva Valentín Paniagua). En lo que respecta a las instituciones, el Poder Judicial no suelta en el primer lugar –sus autoridades también suelen prometer cambios que nunca ocurren–. También figuran el Congreso, la Policía, el Gobierno, los gobiernos regionales y los municipios. La Fiscalía no aparece en este vergonzoso ranking, pues suponemos que el público la asocia con el Poder Judicial.

Y el nivel de conformismo es alarmante. El 63% cree que la corrupción es parte de la naturaleza humana y que existirá siempre. El mismo porcentaje afirma que a los peruanos nos da lo mismo, mientras que quienes sostienen que es algo propio de la cultura peruana superan a quienes no están de acuerdo con esa idea. Y para el 79%, la corrupción existe porque las autoridades la permiten y no la persiguen adecuadamente.

Es que las denuncias periodísticas son casi la única manera en que la corrupción es puesta en evidencia y, en ocasiones, genera la reacción de las instituciones que en teoría son las que deben combatirla. ¿Cómo cambiar este panorama? Entre las futuras leyes tendrá que figurar un mayor empoderamiento de las entidades anticorrupción y también maneras efectivas que permitan que las denuncias de los ciudadanos no caigan en saco roto. No es posible que sigamos viviendo con este lastre.

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