CENSO 2017. Más allá de las críticas que, desde todos los sectores está recibiendo el INEI sobre la ejecución del censo, los problemas detectados deben servir de reflexión y aprendizaje. Si en el Perú los censos se realizan cada diez años, corresponde que la preparación empiece con más de un año de anticipación y utilizando los apoyos tecnológicos existentes, de esa manera puede evitarse la llamada “sorpresa” de encontrar edificios multifamiliares donde antes existían casas o fábricas, de no contar con el material suficiente para empadronar o los implementos para identificar empadronadores.

Un factor que recién se ha tomado en cuenta terminado el censo han sido los costos. Comparado con otros países de la región, el censo peruano tiene el menor gasto per cápita, menos de la mitad de países como Chile o Ecuador. La falta de recursos también jugó en contra de la preparación necesaria.
Un tema de fondo que tendría que ser materia de discusión es si, dado el crecimiento del país, sigue siendo viable hacer un censo de hecho, es decir, yendo puerta por puerta a nivel nacional. Quizá sería necesario pensar en maneras más creativas y efectivas de recabar la información, por ejemplo, permitir que se pueda hacer el censo de manera digital vía Internet (incluso usando los teléfonos celulares) y utilizar la vía presencial solo cuando la digital no sea factible. También podría aprovecharse la información de Reniec, y aumentar la data que allí se solicita, mecanismos pueden existir muchos y es necesario evaluar su conveniencia.

Un factor a destacar es que la mayor parte de la población ha colaborado con el proceso, aunque también se han presentado hechos que, aunque aislados, son muy lamentables y deben ser sancionados con el rigor que establece la ley.

Hasta el 6 de noviembre, fecha en que culminará el proceso de censo, las dudas entre la población persistirán, por lo que el INEI debe explicar de manera conveniente cómo se mitigará el impacto de los problemas generados. La semana pasada, cuando aún había tiempo, advertíamos de los riesgos, pero la entidad hizo oídos sordos.

La responsabilidad política es de Aníbal Sánchez, jefe del INEI, por ello será importante que el informe solicitado por la presidenta del Consejo de Ministros se haga público para que las responsabilidades no pasen por agua tibia.