Políticamente incorrecto. Con una interpelación en camino, todo hacía suponer que los esfuerzos del Ejecutivo estarían centrados en buscar consensos. Sin embargo, como quien decide echarle sal a una herida abierta, la primera medida de la mañana fue destituir del cargo de procuradora a Julia Príncipe.

De nada sirve que, formalmente, se haya justificado la destitución con el argumento de que se trata de un cargo de confianza y que ella no cumplió la obligación, establecida en el 2008, de tener que solicitar autorización antes de declarar a la prensa. La percepción de la población es que se ha retirado de su cargo a una procuradora con 12 años de servicio únicamente por haber iniciado una investigación contra Nadine Heredia.

Horas más tarde, habiendo quitado del camino a una figura incómoda para el Gobierno y sabiendo que su destino ya estaba definido, el ministro Adrianzén decidió no esperar la censura del Congreso y renunció. Una medida que dice poco de su entereza, pues lo políticamente correcto era asumir sus decisiones como ministro y responder al Congreso por las mismas. Sin embargo, su renuncia no hace sino confirmar que nunca estuvo a la altura del cargo que detentó y que su labor se centró en trabar el trabajo de la Procuraduría en cualquier investigación que incluyera a la pareja presidencial.

Sin embargo, y como si se tratara de justicia divina, el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad acoger el Recurso de Agravio Constitucional presentado por la procuraduría del Ministerio Público y por tanto dejó el camino libre para que continúen las investigaciones a Nadine Heredia y su entorno por el presunto delito de lavado de activos en el marco del periodo comprendido entre los años 2006 y 2015.

Habrá que esperar para ver si, tras las actitudes del Ejecutivo, el Ministerio Público mantiene la independencia debida y realiza las investigaciones con la seriedad que corresponde. Por parte del Congreso queda eliminar el nefasto requisito de autorización que necesitan los procuradores para poder declarar a la prensa y garantizar la independencia de la procuraduría. Reforzar la institucionalidad del país es fundamental para asegurar una verdadera democracia.