Secreto bancario. La Unidad de Inteligencia Financiera se creó hace 13 años con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Hoy, luego de un largo trabajo y varios cambios normativos aún queda mucho trecho por recorrer.

Gracias a la UIF sabemos que los tres grandes orígenes de los activos ilícitos son el narcotráfico, la corrupción y la minería ilegal. Además, que los lavadores de dinero siempre están buscando nuevas maneras de introducir dichos fondos a la economía formal.

También sabemos que el inicio de las investigaciones son los desbalances patrimoniales, por ello entidades como las empresas mineras, las notarías, los bancos, las casas de cambio y los vendedores de automóviles, son algunos de los obligados a brindar información a la UIF.

Pero tener una idea del desbalance patrimonial es solo el primer paso, un indicio que requiere de un mayor desarrollo. Para ello es necesario cruzar información y armar una investigación real.

Los reportes de operaciones sospechosas han crecido en 30%, ¿es porque ahora se está lavando más dinero o porque se detecta más? Por ahora no se sabe, pero lo cierto es que a la UIF le urgen mayores herramientas para poder hacer un mejor trabajo.

La entidad está pidiendo incluir a nuevos sectores que reporten operaciones sospechosas, también busca facilidades de las empresas de comunicación telefónica y quiere tener acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria sin tener que acudir a los tribunales de justicia para eso.
Todo el esfuerzo desplegado por la UIF termina en denuncias ante la Fiscalía, lamentablemente no existe información sobre cuántas de estas denuncias culminan en una sentencia que condene a los lavadores de activos.

En este contexto: ¿son indispensables estos cambios?, ¿generarán mayores sentencias? No es fácil renunciar a la privacidad, sin embargo, la tendencia mundial va por ese camino. Los diversos convenios suscritos por el Perú contra el lavado de activos e incluso la OCDE (a la que aspiramos pertenecer) tienen como característica la flexibilidad en el acceso a la información no solo a nivel país, sino también para ser compartida con otros países. Lograr el cambio normativo será solo cuestión de tiempo.