En el primer caso, el objetivo es impulsar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa, en tanto que en el segundo, lo que se busca es la participación directa del sector privado en la educación superior tecnológica.

El esquema OxI se encuentra en sus etapas iniciales en el país, pero está mostrando su efectividad en la construcción de caminos rurales y asfaltado de pistas en localidades andinas, entre otras obras que pueden parecer pequeñas pero que son de enorme importancia para las zonas menos favorecidas. Si a ese esquema se añade la modernización y mantenimiento de colegios, el Minedu podrá concentrarse en mejorar la calidad de la enseñanza.

Es lógico que los estudiantes que asisten a escuelas estatales merecen instalaciones adecuadas, pero más importante aún es contar con profesores permanentemente capacitados y ese debe ser el objetivo primordial de la política educativa. El problema es que con unos sueldos tan bajos, los docentes no disponen de recursos adicionales para correr con los gastos que supone la actualización de sus conocimientos y sus técnicas de enseñanza.

Es por ello que si existen obstáculos fiscales para elevar los sueldos, el Gobierno necesita encontrar soluciones inteligentes, por ejemplo, implementar programas de capacitación en asociación con las universidades que forman profesores que en su mayoría entran a trabajar al sector privado, cuyo alcance no se circunscriba a Lima y las principales ciudades del interior, sino que también abarque el ámbito rural, donde las condiciones educativas son paupérrimas.

Ya se ha perdido demasiado tiempo con ensayos que solo estuvieron centrados en cambiar los nombres de los cursos o ponerle dibujitos al material didáctico. Lo que el país necesita es que la brecha de calidad existente entre la educación pública y la privada comience a reducirse. Y eso se logrará con ideas que apliquen la experiencia de países más avanzados y, por supuesto, con la participación del sector privado.