El tercer paquete de estímulo de la inversión privada, llamado “de medidas para promover el crecimiento económico” según el proyecto de ley aprobado por el Congreso este mes, no cumplirá su cometido a cabalidad porque no salió completo. Y lo que faltó aprobarse era muy relevante en términos de afianzar el modelo económico, que supuestamente está basado en la participación de la inversión privada: esa misma que permanece retraída porque, entre otros factores, el Gobierno no estuvo dando señales que generasen confianza.

Nos estamos refiriendo a la apertura del accionariado de las empresas estatales de generación, transmisión y distribución eléctrica. El esquema es simple: se colocaría entre el 20% y el 49% de las acciones en la bolsa de valores para que sea adquirido por inversionistas privados. El dinero obtenido se destinaría a proyectos para la modernización o ampliación de las actividades de dichas empresas.

¿Por qué los congresistas prefirieron “saltarse” esta parte del paquete? En vista que no suelen explicar sus verdaderos motivos, suponemos que además de velar por los “intereses del pueblo” volvieron a canalizar su rechazo por el capital privado –o cualquier cosa que se le parezca–. Lo han hecho en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando enfilaron baterías contra las asociaciones público-privadas en salud, que le costaron el puesto a la ministra del sector.

El ingreso del capital privado en las empresas eléctricas estatales no solo obligaría a que sean más transparentes y adopten practicas de gobierno corporativo –lo que dificultaría la corrupción– sino que también las despolitiza, pues las decisiones se tomarían siguiendo criterios técnicos. Además, los recursos obtenidos con las colocaciones de acciones liberarían fondos públicos que podrían utilizarse para proyectos en los que es más difícil conseguir la participación del capital privado.

El presidente de la Comisión de Energía del Congreso ha dicho que la iniciativa se debatirá de nuevo. Imaginamos que se incluirán algunas precisiones pues la base conceptual es bastante clara. Ahora depende del Ejecutivo, en especial del propio presidente Ollanta Humala, evitar que esta medida se pierda en la enmarañada agenda legislativa. No olvidemos que fue uno de sus anuncios de Fiestas Patrias.