Editorial de Gestión: Para ellos no hay prisas

Mientras apreciamos la parsimonia de la Comisión de Economía del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara un cuarto conjunto de medidas.

(Foto: USI)
(Foto: USI)

ESCANDALOSA DEMORA. Es sabido que el Congreso camina a su propio ritmo –uno bien lento–, pero que demore por más de dos meses la aprobación de un paquete destinado a impulsar la inversión privada, parece un despropósito. Los proyectos en cuestión fueron enviados por el Ejecutivo a fines de julio como parte del tercer conjunto de medidas económicas diseñadas para sacar al país del enfriamiento en que se encuentra, lo cual es motivo más que suficiente para apurarse.

No es malo que se discutan partes del paquete y se alcancen consensos, pero no se trata de normas que requieran un sesudo análisis digno de Premio Nobel: una otorga atribuciones al Indecopi para resolver controversias entre empresas de comercio exterior, otra dispone la inafectación del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) y una tercera brinda beneficios tributarios a la construcción de viviendas. Esta última es la que tendría mayor impacto, puesto que contribuiría a reactivar una actividad que desde hace meses anda de capa caída.

¿A qué se debe esta escandalosa demora? El motivo más probable debe ser la proverbial desidia que caracteriza a quienes en teoría deben legislar, aunque las leyes relevantes generalmente son ideadas por el Ejecutivo –con la excepción de aquellas que bautizan al cielo, por ejemplo–. Los congresistas tienen que entender que estas demoras tienen un costo enorme: las empresas no podrán reprogramar sus proyectos paralizados mientras no tengan la certeza de que lo anunciado se hará realidad.

Y mientras apreciamos la parsimonia de la Comisión de Economía del Congreso –el paquete ni siquiera ha pasado este primer filtro–, el MEF prepara un cuarto conjunto de medidas. Su titular, Alonso Segura, no ha descartado una reducción de impuestos, aunque consideramos que bien valdría una evaluación más cuidadosa para el caso del IGV.

Otra prueba más de la desconcertante dinámica del Congreso: dilata un tema urgente porque no puede (o no quiere) aprobarlo por partes, pero en cuanto a la descentralización está modificando la legislación cuando lo que se necesita en una reestructuración completa de dicho proceso.

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