LAVADO DE ACTIVOS. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el lavado de activos en el sistema financiero, que estará enfocado en la gestión de riesgos, lo que significa que las empresas supervisadas deberán prestar más atención a la información que sus clientes proporcionen y más cuidado a las transacciones que realicen.
La noticia es trascendente porque muestra que las autoridades están redoblando sus esfuerzos en la lucha contra este delito, que equivale al 5% del PBI del país según estima la SBS. Considerando que las modalidades para el blanqueo de dinero continúan multiplicándose –ahora también se utiliza el pago de tarjetas de crédito y el llamado “pitufeo” en las empresas de microfinanzas–, no queda otra alternativa que ponerse más estrictos, sobre todo considerando que el Perú es pieza clave del narcotráfico internacional.
La SBS, a través de su Unidad de Investigación Financiera (UIF), realiza un trabajo que merece destacarse. Por ejemplo, el número de reportes que recibió de las empresas supervisadas el año pasado aumentó 47.7% respecto del 2012, mientras que entre enero y abril de este año ya había superado el total reportado durante el 2011. Además, se tiene previsto reducir el monto mínimo por transacción que requiere registrarse, que hoy es US$ 2,500.
Hasta aquí, todo bien. La preocupación surge cuando se recuerda que otras entidades estatales también tienen un papel crucial en este esfuerzo y que no son reconocidas precisamente por su eficiencia operativa: el Ministerio Público y el Poder Judicial. En el primer caso, de las 234 fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos, pero las cifras empeoran cuando se constata que de los 4,752 fiscales, solamente 24 están a cargo de investigar ese delito.
Habría que preguntarse si estos funcionarios se dan abasto para hacer un trabajo apropiado. El Congreso sí tendrá que hacerlo y como ya bautizó al cielo, imaginamos que tendrá tiempo para debatir un proyecto de ley que permitirá a la SBS el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria de los casos que considere sospechosos.
