LENTO PROCESO. El Reglamento de la Ley de Consulta Previa fue publicado en abril del 2012 y desde entonces, se han realizado 16 procesos pero solo seis corresponden a actividades productivas propiamente dichas, todos de hidrocarburos. De los cuatro que han concluido, dos corresponden a este sector. La inversión minera todavía no ha sido puesta a prueba por esta normatividad, pero sus representantes ya han expresado sus temores ante el anuncio de que dicho proceso también se realizará en las zonas andinas y sobre minería.

Reiteramos que Gestión está de acuerdo con la consulta previa como mecanismo de defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Con lo que discrepamos es con la lentitud con la que está llevándose a cabo el proceso y con su imagen de trámite burocrático que el gobierno no ha podido, ni querido, revertir. Por ejemplo, se informa que los dos procesos de hidrocarburos culminaron antes del plazo, pero este no es un argumento estadístico sino político y, por tanto, no sirve para asegurar que la consulta previa no retrasará la inversión minera.

Otro obstáculo será la identificación de más pueblos originarios andinos –en la actualidad apenas hay reconocidos cuatro–, pues ello demandará un despliegue significativo de funcionarios que deberán recorrer toda la sierra, y también la costa, para efectuar las verificaciones correspondientes. ¿Cuánto tiempo tomará esta tarea? ¿Se quedarán contentas las comunidades que no sean reconocidas como originarias o recurrirán al Poder Judicial para hacer valer sus supuestos derechos?

No es difícil prever que los antimineros encontrarán en este tema una nueva veta para seguir azuzando a la población y construyendo sus argumentos en base a mentiras y desinformación. Es por ello que tenemos que exigir a las autoridades involucradas –los ministerios del Ambiente, de Cultura y de Energía y Minas– que planteen claramente cómo se llevará a cabo la consulta previa para la inversión minera, más allá de los anuncios generales, y que reiteren que este proceso no es vinculante. Lo que menos necesita la inversión minera es una traba adicional.