Editorial de Gestión: Los que bailan sin pañuelo

Lo óptimo tendría que ser una redefinición de la estructura del canon para dejar de beneficiar exclusivamente a los departamentos bendecidos por la naturaleza y alcance a los que no tienen minas o pozos petroleros.

DISTRIBUCIÓN DEL CANON. Todos sabemos que el dinero del canon es distribuido de manera inequitativa y que su gasto es ineficiente. Lo óptimo tendría que ser una redefinición de su estructura que deje de beneficiar exclusivamente a los departamentos bendecidos por la naturaleza y alcance a los que no tienen minas o pozos petroleros.

La lógica es simple: el Perú es una república unitaria y la riqueza de una zona es patrimonio de todos los habitantes del país, pero las autoridades no logran entenderla.

El gobierno de Ollanta Humala ha optado por la solución fácil que, lamentablemente, mantendrá excluidos a los de siempre. En su discurso del 28 de julio, el presidente informó de un proyecto de ley que “mejorará la distribución del canon”, pero dentro de los departamentos donde ya existe.

Lo curioso es que solo se refirió al minero, que si bien es el más abultado, no es el único pues también hay hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal y petrolero –que además viene con sobrecanon–.

Solo el último tiene tasas de distribución distintas para cada uno de los cinco departamentos que beneficia. Suponemos que la propuesta del Ejecutivo será una especie de réplica de este esquema, aunque es claro que lo inteligente hubiese sido el planteamiento de criterios de distribución novedosos y equitativos a nivel interdepartamental, que también contemple a los que hoy no están –o cuyo canon es ridículamente pequeño–.

Sea cual fuere el modelo que el Ejecutivo tenga entre manos, en pleno año electoral será difícil encauzar el debate si hay fondos fiscales de por medio. Basta con imaginar a los candidatos prometiendo que defenderán su derecho al canon “con la vida” y que no permitirán ningún recorte, sobre todo si parte de “su” plata irá a la provincia vecina.

Lo que sí es necesario definir son los mecanismos que aseguren la calidad del gasto. Por ejemplo, poco o nada se sabe de las mejoras que han aplicado las universidades beneficiadas –obtienen la quinta parte de lo que reciben los gobiernos regionales–. La iniciativa que se prepara no debe pasar por alto una profundización de la supervisión y la rendición de cuentas.

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