REFORMA. La semana pasada, economistas de la Universidad del Pacífico presentaron un informe en el cual se plantea, entre otras cosas, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes al sistema de pensiones, tanto al privado como al nacional.

Esta propuesta se ha dado en un contexto de creciente cuestionamiento al actual esquema, lo que ha despertado un interesante debate en el ámbito local; incluso, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Casio Huaire, anunció que recogería la idea para debatirla en su comisión como parte de la reforma del sistema previsional.

Sin duda alguna, el planteamiento es legítimo. La teoría detrás es que, en principio, cada persona está mejor capacitada para decidir cómo y dónde ahorrar para su vejez que el Gobierno.

Esta aserción cobra más fuerza todavía cuando la persona necesita solventar gastos urgentes –como una operación, por ejemplo- o gastos prioritarios de acuerdo a sus necesidades –como la educación de sus hijos, que además se puede entender como una forma de ahorro-.

Pero, además, los postulantes de esta iniciativa sostienen que el sistema previsional ha sido un fracaso en nuestro país. Por un lado, no ha cumplido con garantizar una pensión a la mayoría de peruanos, ya que solo los trabajadores formales –alrededor del 30% del total- acceden al sistema.

Por el otro, las comisiones son tan altas en el Sistema Privado de Pensiones que la rentabilidad de las AFP supera largamente la rentabilidad de los fondos que administran. En la ONP la cosa es mucho peor: hay que tener suerte para siquiera recibir una pensión.

La pregunta de fondo es si nuestro país está listo para liberalizar el sistema sin que esto signifique un hueco en la caja fiscal. Es cierto que, de alguna manera, el grueso del país ya sobrevive sin el sistema previsional, pero es cierto también que Pensión 65 (un programa del Gobierno que entrega 125 soles al mes a personas en edad de jubilación) viene inflándose a un ritmo acelerado cada año durante esta administración.

Este dilema está necesariamente interconectado con el sistema de salud que tenemos y con sus condiciones para cubrir las necesidades de las personas mayores. Con esto resuelto, el miedo a la liberación del sistema previsional sería mucho menor.