El Editorial de Gestión: A última hora

No debe ser fácil tampoco encontrar candidatos dispuestos a contratar con los gobiernos regionales.

(FOTO: USI)
(FOTO: USI)

INVERSIÓN PÚBLICA. El último reporte del crecimiento de la economía se ubicó muy por debajo de las expectativas del mercado. Y de acuerdo a la encuesta Pulso Perú publicada ayer, el 61% está convencido de que la economía está pasando por un periodo de enfriamiento. No obstante estas señales, el Gobierno ha estado descuidando últimamente una herramienta que le permitiría impulsar la demanda interna, así como generar confianza en los agentes económicos en el corto plazo, y aumentar la productividad en el mediano: la política fiscal.

De acuerdo al último reporte de seguimiento del presupuesto publicado por el MEF, la ejecución de proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno decreció 13% en el mes de abril para lograr un avance de tan solo 3% en el primer cuatrimestre. El MEF, al parecer, se ha dado cuenta de esta oportunidad y ha empujado la inversión pública de mayo en 78% en lo que respecta al gobierno nacional. Pero, contrario a lo que se esperaría con las elecciones regionales y municipales realizándose a fin de este año, la ejecución de proyectos en estos niveles permanece prácticamente estancada o cayendo. A nivel regional, la ejecución de proyectos de inversión se desplomó 52% en abril y en mayo creció tan solo 4.5%.

Parte de la explicación –que puede todavía agravar el tema en el futuro cercano- no tiene que ver estrictamente con lo económico. Debido a los recientes destapes de la prensa, consecuencia directa de la autonomía y “protección” de la que gozaban los presidentes regionales, la Contraloría y el Ministerio Público han decidido hacer de pronto lo que no vienen haciendo hace tiempo. Después de años de inmunidad, ahora, de golpe, hay investigaciones a seis presidentes regionales, tres regiones y algunos municipios con cuentas congeladas y 38 obras bajo supervisión.

En este escenario no debe ser fácil tampoco encontrar candidatos dispuestos a contratar con los gobiernos regionales o municipales.

Obviamente, no nos oponemos a las investigaciones. Pero si ambas instituciones hubiesen trabajado de forma regular para identificar la corrupción dentro de los gobiernos regionales (donde, ya hemos mencionado, existen razones para ser particularmente exhaustivos) no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Uno de los costos de hacer las cosas a última hora.

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