MADRE MÍA. Los derechos humanos son un tema importante que, lamentablemente, muchas veces es utilizado con fines políticos desde todos los frentes. Sin embargo, cualquier denuncia contra estos debe ser investigada siempre dentro del marco de la ley y cumpliendo con el debido proceso.
Bajo esta premisa, resulta conveniente que la Fiscalía haya decidido iniciar de oficio una investigación por el presunto delito de lesa humanidad contra los que resulten responsables de las torturas y desaparición de diversas personas en la localidad de Madre Mía, en la selva peruana, ocurridas en la década de 1990. Esta investigación se inicia en base a nuevos testimonios respecto a violaciones de derechos humanos y a los audios en los que se han encontrado referencias a la compra de testigos en investigaciones anteriores. Es importante tener presente que la investigación iniciada en el año 2006 por dicho caso fue archivada en el año 2009, pues los testigos del caso se desdijeron y por lo tanto nunca se inició un juicio oral. Si bien en el año 2011 se intentó iniciar otro proceso este nunca prosperó. La investigación que acaba de empezar la Fiscalía debe ser realizada a fondo e involucrar tanto a los culpables directos como a los mediatos —pues ahora se señala que no hubo solo un ‘capitán Carlos’ sino varios— e incluir también a quienes conociendo del tema lo ocultaron. Por ello, en esta ocasión la investigación debe ir a fondo.
Los hechos denunciados (torturas y asesinatos) generan tal repulsión en la población que la credibilidad y eficacia del Ministerio Público y el Poder Judicial han sido puestas en tela de juicio, a tal punto que la Corte Suprema ha tenido que emitir un comunicado tratando de explicar su accionar. Sin embargo, la mejor manera de evidenciar que el Ministerio Público y el Poder Judicial actuaron correctamente es demostrar en los hechos que ahora son capaces de llevar adelante una investigación transparente y un juicio ajustado a derecho.
Las suspicacias actualmente están a flor de piel, y en este caso en específico la gravedad del caso radica en que está involucrada una persona que ha ejercido la más alta investidura del Estado.
