NUTRICIÓN. En el Perú, en materia de alimentación, vamos de un lado al otro del péndulo. Mientras un alto porcentaje de personas, y sobre todo niños, sufren de anemia y desnutrición, otro porcentaje tiene problemas de obesidad y diabetes. Ambos extremos por una inadecuada alimentación.

En el 2013, después de más de un año de debate, se aprobó la Ley 30021, también llamada de alimentación saludable (pero que solo regula los alimentos procesados). Tuvieron que pasar cuatro años y un escándalo mediático en la industria láctea para que el reglamento de esta ley pudiera ver la luz, y cuando estaba a punto de ponerse en práctica uno de los aspectos regulados, el relativo a las advertencias en el etiquetado, el Congreso decidió modificar la norma estableciendo una diferente forma de etiquetado

Durante los seis años en que el tema ha estado en debate, poco se ha avanzado. Los argumentos a favor y en contra han mostrado una amplia polarización. Para el sector empresarial, estos proyectos solo buscan satanizar una industria importante para el país. Quienes defienden la norma creen ver en ella la respuesta a todos los problemas de mala alimentación. Lo cierto es que los alimentos procesados son apenas una arista de todo el problema, pero no por ello es menos importante.

Las empresas deben entregar información sobre el contenido de sus productos, y mientras más claro y detallado, mejor, independientemente de si otros sectores lo hacen o no. No importa mucho si es a través de octógonos (algunas empresas peruanas que exportan a Chile las usan) o de un semáforo, lo que de verdad interesa es que cada compañía asuma el reto de reducir el nivel actual de azúcar, grasa y sal de sus contenidos.

Creer que con este reglamento basta para asegurar una alimentación saludable es iluso. Hay mucho aún por hacer, pero los legisladores parecen no estar interesados. Poco se ha hecho para mejorar, por ejemplo, los parámetros utilizados para determinar cuándo un producto contiene un exceso de azúcar, sal o grasas. Tampoco se ha buscado abordar el consumo de los alimentos no procesados y el problema sanitario de la comida ambulatoria.

Se requiere un abordaje sin apasionamientos para lograr que tanto la norma existente como la que regule los alimentos no procesados sea lo más técnica posible. El beneficio real para los consumidores será contar con productos sin sellos, tal como ocurre con algunas marcas en Chile, que usan la fórmula “libre de sellos” en su publicidad.