POLÍTICA LABORAL. La encuesta Pulso Perú publicada el día lunes mostraba que, para la mayoría de personas, la actual legislación laboral dificulta la creación de empleo. Con una mirada más al detalle, la misma encuesta evidencia hoy que cada año los peruanos progresivamente se convencen más de que la estabilidad laboral impide que las empresas contraten y que el alto costo de los despidos es lo que hace muy difícil el ingreso de un mayor número de trabajadores a la formalidad.

Si bien las personas son conscientes de que la situación de la economía es la que determina la posibilidad de las empresas de invertir y así generar más puestos de trabajo, lo cierto es que la política laboral también influye en la creación de empleo.

La mayoría de encuestados sienten que el Gobierno no está alentando a los empresarios a invertir en el país y por ello consideran que el desempleo seguirá igual cuando termine el periodo presidencial de PPK. Frente a esta percepción le corresponde al Gobierno tomar la iniciativa y volver a trabajar en serio en una reforma laboral.

Es verdad que cuando se trata de empleo la población parece entrar en una encrucijada entre sus deseos y la realidad. Pues si bien la mayoría está de acuerdo en que la única manera de generar empleo es incentivar las inversiones, usar contratos temporales y flexibilizar las condiciones de despido, también señala que las indemnizaciones que se pagan por despido no son bastante altas.

Por ello, es necesario que los cambios que se planteen tengan un norte claro, cuidando el no abrir la puerta a cualquier distorsión que afecte a los trabajadores que ya poseen un puesto de trabajo adecuado y formal, ese es el principal reto, pues en anteriores oportunidades no se tuvo en cuenta este riesgo, ocasionando que fracasen iniciativas como la mal llamada ley pulpín en el Gobierno pasado.

Por ejemplo, una pregunta podría ser ¿qué condiciones de despido se pueden flexibilizar si no es la indemnización? El ministro de Trabajo proponía, hace unos meses, que se incrementara el monto de la indemnización por despido injustificado de 12 a 18 sueldos, pero con la condición de que se impida la reincorporación del trabajador a la empresa.

No será un paso sencillo, pues seguramente tanto las centrales sindicales como los gremios empresariales buscarán beneficios para su sector, pero el Gobierno deberá hilar fino para que la gente se sienta segura en su trabajo y que las compañías perciban que vale la pena apostar por la creación de empleo formal.