RECONSTRUCCIÓN. El desastre natural que afecta mayoritariamente a la costa ha dejado, hasta el momento, más de 165,000 viviendas afectadas, de las cuales más de 12,000 están colapsadas y aún la fase de emergencia no ha terminado.
Este resultado se debe, en buena parte, a la precariedad de las construcciones. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el país tiene más de dos millones de viviendas en alto riesgo, ya sea por la zona en la que se han construido, por los materiales utilizados o por una combinación de ambos. Además, según el INEI, al 2015, el 34% de las viviendas estaba construido de adobe y un 43% tiene techos de calamina.

La geografía del Perú es complicada y el crecimiento desorganizado de las ciudades ha generado mayores riesgos. Esta situación no es una novedad. Así, la política número 32 del Acuerdo Nacional se refiere específicamente a la gestión de desastres naturales, y en ella se considera como un punto primordial el velar por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad. Según el experto Julio Kuroiwa, ya existen 175 capitales provinciales y distritales que cuentan con un mapa de peligros multiamenaza, el cual incluye las zonas de riesgo por inundaciones de ríos. Lo que corresponde es continuar con este trabajo para que cada localidad del país cuente con este mapa y se pueda establecer cuáles son las zonas seguras donde las poblaciones deben crecer.

El Gobierno acaba de anunciar que cuando se empiece la labor de reconstrucción no se va a permitir que se reconstruyan viviendas en zonas de riesgo. Lograr que esta decisión se concrete requiere el esfuerzo del Estado, en todos sus niveles. La presión de algunos pobladores no puede volver a generar que se ocupen nuevamente zonas afectadas, como ha ocurrido antes, por ejemplo, en Chosica (en la zona de El Pedregal).

No será una tarea fácil convencer a la población que tendrá que ser reubicada. Para lograrlo, el Gobierno tendrá que plantear programas especiales, como el que ya ha anunciado el Ministerio de Vivienda, pero, además, se requiere del compromiso de todos los partidos políticos y agrupaciones, muchos de ellos presentes en el Acuerdo Nacional. El 2018 será un año electoral y la tentación que pueden tener muchos candidatos, que solo buscarán ganar votos, puede llevar al incumplimiento de las políticas que se establecerán para la reconstrucción del Perú.