CONTRALORÍA. Cuando salió a la luz el audio entre Édgar Alarcón y Alfredo Thorne, desde estas líneas resaltamos que se había ido “directamente al contenido aceptando como normal que se pueda grabar a otra persona sin su conocimiento, lo cual solo alentará la desconfianza que ya existe entre las diversas autoridades del país” (Gestión 06.06.2017).
Ahora un nuevo audio se ha dado a conocer, los funcionarios grabados fueron, además de los entonces ministros de Economía y de Transportes (Thorne y Vizcarra), el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Si esta conversación se escucha desapasionadamente se puede notar que no es de la misma dimensión que el audio del ministro Thorne. Sin embargo, todo el ruido generado y la suspicacia del momento va minando la credibilidad del Gobierno.
Si el Ejecutivo cree que los problemas con el contralor podrían terminar el día de hoy se equivoca. Alarcón se presentará esta mañana ante el Congreso para presentar sus descargos, pero su abogado ha dejado en claro que están dispuestos a impugnar la decisión del Congreso ante el Poder Judicial.
Aunque el contralor fue nombrado por la Comisión Permanente y ella puede removerlo, este tenía un puesto de carrera en dicha institución (gerente de Operaciones), por lo tanto, al ser removido de su puesto de confianza, regresaría a su puesto de carrera. La Contraloría podría iniciarle un proceso de destitución, aunque quizá por dignidad Alarcón presente su renuncia.
Ahora el Ejecutivo deberá actuar con celeridad y plantear la terna de posibles sucesores. Quien asuma el cargo debe ser un profesional con experiencia en gestión pública, que genere consenso en la oposición (pues el Congreso debe nombrarlo) y, sobre todo, que no sea político. Ya hemos visto el daño que le hace a la institución una persona que desea tener protagonismo.
La elección no debería dilatarse, pues en agosto se presenta el plan de la reconstrucción con cambios y a partir de setiembre deben iniciarse los trabajos, todos procesos en los que la Contraloría debe participar, sobre todo dado el nivel de suspicacia que existe en este momento. La Contraloría debe realizar un control concurrente y no puede estar descabezada.
Este proceso será una prueba de fuego para el Gobierno, que deberá plantear a los mejores candidatos, y para el fujimorismo, que deberá mostrar en los hechos que puede dejar de lado el cálculo político y elegir al mejor profesional de la terna que se presente.